La defensa de la Constitución de 1991 se ha convertido en una nueva bandera política de cara a las elecciones presidenciales en Colombia. La semana pasada, la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció de manera oficial el comité promotor del referendo constitucional denominado ‘Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034’.
Impulso de Fajardo y Bonilla
La iniciativa es impulsada por el candidato presidencial Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, y busca impedir que se convoque una Constituyente hasta agosto de 2034. La decisión quedó establecida en la Resolución 4723 del 6 de mayo de 2026, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual se avaló la inscripción del comité promotor y se reconoció como vocero de la iniciativa al abogado Mauricio Pava Lugo.
Declaraciones del vocero
En entrevista, el jurista aseguró que la iniciativa va más allá de responder a las propuestas impulsadas desde sectores del oficialismo, particularmente por el senador Iván Cepeda y voces cercanas al Pacto Histórico. “El objetivo es defender la Constitución del 91 y decirle a la ciudadanía que las reformas y transformaciones que requiere Colombia deben hacerse dentro de la institucionalidad, sin reemplazar la Constitución”, afirmó Pava.
Meta de firmas
Según explicó Pava, la meta del movimiento es reunir al menos 3 millones de apoyos ciudadanos, aunque jurídicamente el umbral requerido para que el referendo continúe su trámite sería de aproximadamente 2 millones 200 mil firmas válidas. Pava indicó que esperan realizar una primera gran entrega de firmas el próximo 7 de agosto, fecha que consideran simbólica dentro de su cronograma político y ciudadano. “La conversación contra la constituyente es solo una parte de esta iniciativa. Es mucho mayor, va más allá de la coyuntura electoral y creo que el país debe pronunciarse y la ciudadanía debe pronunciarse masivamente en las firmas que estaremos presentando para el próximo 7 de agosto”, indicó Pava.
Crítica a acuerdos por decreto
También cuestionó recientes planteamientos sobre “acuerdos nacionales por decreto”, al considerar que ese tipo de discursos desconocen el papel del Congreso de la República y generan riesgos institucionales. En ese sentido, aseguró que el referendo busca abrir una conversación nacional sobre la defensa del orden constitucional y el respeto por las reglas democráticas.
Legitimidad en época electoral
Ante las críticas que señalan que esta propuesta tendría fines electorales, Pava respondió que precisamente la coyuntura presidencial es el momento adecuado para discutir el futuro institucional del país. “¿Qué mejor momento para hablar de la defensa de la Constitución que cuando Colombia está decidiendo quién va a liderar el país durante los próximos cuatro años?”, afirmó. El abogado insistió en que el debate debe servir para que los candidatos presidenciales definan públicamente si respaldan o no la permanencia de la Constitución de 1991. “Salgamos del clóset y digamos quién respeta la Constitución del 91 y quién quiere sustituirla”, expresó. En ese sentido, reiteró que el movimiento pretende trascender las elecciones presidenciales y mantenerse como una iniciativa ciudadana de largo plazo.
Viabilidad jurídica
Desde el punto de vista legal, Mauricio Pava aseguró que el mecanismo tiene viabilidad jurídica y constitucional. Explicó que el texto del referendo fue revisado por expresidentes de la Corte Constitucional, exmagistrados y abogados de distintas corrientes ideológicas, quienes habrían coincidido en que el proceso es jurídicamente válido. “Son cláusulas temporales que provienen del constituyente primario, es decir, de la ciudadanía. Por eso tienen legitimidad para ser incorporadas vía referendo”, señaló el jurista. Asimismo, recordó que el aval entregado por la Registraduría constituye un primer filtro de legalidad. “La Registraduría solo puede aprobar aquello que cumple con las formas legales correspondientes”, afirmó. Pava también explicó que, más adelante, la Corte Constitucional tendría participación dentro del trámite, aunque evitó anticipar posibles pronunciamientos del alto tribunal.
