La Universidad Nacional de Colombia encendió las alarmas tras reportar una serie de amenazas, hostigamientos y actos violentos contra miembros de su comunidad académica en seis sedes del territorio nacional. Según informó la Rectoría, entre 2024 y 2026 se atendieron 25 situaciones que afectan a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
Casos reportados por la institución
De acuerdo con el informe oficial, 11 de los casos involucran a estudiantes, siete a docentes y siete a personal administrativo. Nueve de estas situaciones derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que otras continúan en investigación con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y personerías locales.
Víctimas identificadas
Entre las personas afectadas se encuentra Valentina Andrade, estudiante que denunció amenazas contra su vida e integridad por participar y expresar sus opiniones dentro de la Universidad. También fueron mencionados Kevin David Arrigui, representante estudiantil; Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, víctima de intimidaciones y discursos de odio; Alejandro Ramírez Díaz, quien habría sido seguido y hostigado en la Facultad de Ingeniería; Valentina Muñoz Samboni, de la sede Bogotá; y Jesús Daniel Mieles Amaris, amenazado en la sede Palmira.
Casos en sedes regionales
La Universidad también reportó incidentes en las sedes de La Paz y Caribe. Un estudiante indígena fue amenazado a través de medios digitales, otro joven tuvo que desplazarse por presuntas amenazas de reclutamiento forzado del ELN, y un admitido abandonó San Andrés debido al riesgo que representaba asistir a clases. La institución señaló: “Detrás de cada nombre hay una persona real con un proyecto de vida que esta institución tiene el deber de proteger”.
Medidas adoptadas
La Rectoría aseguró que varios profesores han recibido amenazas por ejercer su libertad de cátedra y expresar posiciones críticas. Frente a estos hechos, se activaron medidas de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, rutas de denuncia y protección física, incluyendo traslados entre sedes cuando fue necesario. El pronunciamiento se dio en el marco del Año de la Paz declarado por la Universidad Nacional, iniciativa que busca fortalecer la convivencia y la defensa de los derechos dentro de la comunidad universitaria.
Protocolo integral de actuación
En este contexto, la Rectoría anunció la formalización de un Protocolo Integral de Actuación Frente a Amenazas y Agresiones, articulado con la Ruta de Atención a Violencias Basadas en Género y otras entidades estatales. El mecanismo incluirá atención psicosocial, acompañamiento jurídico y rutas de protección para los afectados. “La intimidación aparece también entre nosotros, no podemos ni queremos guardar silencio, y tampoco permanecer sin actuar”, expresó la institución, que reiteró su llamado a tramitar las diferencias mediante el diálogo y no a través de agresiones o amenazas. “La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar”, concluyó la Rectoría.
