La controversia en torno al levantamiento de las órdenes de captura contra 29 integrantes del 'Clan del Golfo' y su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) solicitado por el Gobierno escaló este martes durante un consejo de ministros, luego de que la Fiscalía se negara a acceder a la petición del Ejecutivo.
El enfrentamiento llevó al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a anunciar una reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el alto comisionado para la Paz, Otti Patiño, con el objetivo de destrabar la interpretación que mantiene frenado el procedimiento. La reunión está prevista para este jueves.
El punto central de la discusión
El encuentro entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz buscará fijar una posición conjunta antes de que se concrete el traslado de los integrantes del 'Clan del Golfo' hacia las ZUT, uno de los puntos que hoy concentra la tensión jurídica dentro de los acercamientos entre el Gobierno y esa estructura armada.
El centro de la discusión está en si los integrantes de esa estructura armada quedan protegidos jurídicamente desde el momento en que se desplazan hacia la ZUT o únicamente cuando ya estén instalados dentro de ella.
El sustento jurídico del Gobierno
Durante una intervención pública, el ministro defendió la posición del Gobierno y aseguró que el sustento jurídico está contenido en la Ley 2272. Según explicó, la legislación en su artículo 8 faculta al Gobierno Nacional para definir cuándo un proceso se encuentra en una etapa avanzada y, en consecuencia, pactar con voceros de grupos armados la ubicación temporal de sus integrantes en zonas delimitadas del territorio nacional.
“El Gobierno Nacional o los representantes autorizados expresamente por él mismo, el Presidente, pues es jefe de Gobierno, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley. En un estado avanzado del proceso de paz, y aquí se infiere que es el Gobierno quien evalúa el avance del proceso, no la Fiscalía General de la Nación”, señaló Cuervo.
El ministro insistió en que la propia norma contempla la suspensión automática de las órdenes de captura dentro de esas zonas, incluso aquellas con fines de extradición. “En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición”, leyó.
La postura de la Fiscalía
Sin embargo, el desacuerdo apareció en el periodo previo al ingreso a las llamadas ZUT. La Fiscalía considera que durante ese trayecto aún conserva la facultad de ejecutar las órdenes de captura, mientras que el Gobierno sostiene que el desplazamiento hacia esos territorios también debe estar amparado para garantizar el cumplimiento del proceso.
El choque de interpretaciones ha generado un impasse que espera resolverse en la reunión de este jueves, donde se buscará unificar criterios y avanzar en el proceso de paz con el 'Clan del Golfo'.
