La paz que Colombia nunca alcanzó realmente
Todos continúan asesinando colombianos. Los procesos de paz no lograron el desarme de los grupos armados. Lo que consiguieron fue reorganizarlos bajo nuevas estructuras y denominaciones.
La trampa detrás de la palabra paz
La palabra paz en Colombia siempre ha contenido una trampa fundamental. Detrás de cada negociación, cada acuerdo y cada mesa de diálogo, lo que realmente ha existido es una excusa para continuar con actividades criminales como el narcotráfico, los asesinatos y los secuestros. Mientras el país entierra a sus víctimas, los gobiernos sucesivos negocian con quienes perpetran estas violencias.
Las FARC firmaron un acuerdo histórico, pero lo que surgió posteriormente fueron cuatro grupos terroristas con la misma vocación violenta: el Estado Mayor Central bajo el mando de 'Iván Mordisco', la Segunda Marquetalia liderada por 'Iván Márquez', y los frentes disidentes del sur y del Pacífico que nunca se desmovilizaron completamente. Todos estos grupos siguen matando colombianos. La paz no logró desarmarlos, simplemente los reorganizó en nuevas configuraciones.
El caso revelador de 'Calarcá'
Ahora tenemos el caso de 'Calarcá', quien negociaba con una mano mientras con la otra ordenaba homicidios y esperaba los reportes de confirmación como quien espera un correo electrónico rutinario. Esto no representa un simple tropiezo en el camino hacia la paz. Es la paz utilizada como coartada para continuar con actividades criminales. Una vez más.
La paz verdadera no es un cheque en blanco. Constituye un contrato con condiciones claras, siendo la primera que quien negocia debe haber suspendido completamente su actividad criminal. 'Calarcá' no suspendió nada. Continuó asesinando con la tranquilidad de quien sabe que no enfrentará consecuencias.
Fallos institucionales y responsabilidades
La Fiscalía también tiene una deuda pendiente con el país. Cuando 'Calarcá' fue capturado a mediados de 2024, existían razones suficientes para mantenerlo detenido, procesarlo o incluso extraditarlo a Estados Unidos. No se tomó ninguna de estas acciones. Se le dejó en libertad. Y él, con la puntualidad de quien nunca tuvo intención genuina de cambiar, continuó ejecutando asesinatos, ordenando secuestros y violando sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos. Esta decisión institucional le costó al país más sangre inocente, y esa sangre también tiene responsables claros.
La respuesta estatal preocupante
Lo más perturbador del caso no es la conducta del jefe disidente, quien actúa con la lógica de quien nunca creyó en el proceso más allá de sus beneficios personales. Lo realmente alarmante es la conducta del Estado frente a la evidencia contundente.
Cuando Noticias Caracol publicó los hallazgos sobre estas actividades, el general Huertas y el director de Inteligencia de la DNI no solicitaron una investigación interna exhaustiva. Tampoco guardaron silencio prudente. Salieron inmediatamente a atacar las revelaciones. El propio presidente Petro calificó como montaje lo que la Fiscalía posteriormente confirmó como verdad judicial. Mientras el Gobierno blindaba su narrativa oficial, 'Calarcá' seguía sentado en la mesa de negociación, con escoltas del Estado, beneficios jurídicos especiales y la legitimidad prestada de quien supuestamente construye paz. Un gobierno que nunca estuvo realmente interesado en la paz sustancial, sino en la apariencia de ella.
Consecuencias y encubrimientos
Hoy el general Huertas y el director Mejía enfrentan un proceso formal ante la Corte Suprema de Justicia. Esto no constituye un simple error de cálculo. Representa un encubrimiento deliberado. Y el encubrimiento no flota solo: necesita protección institucional, coordinación entre actores y una decisión consciente de alguien sobre qué información conviene que se conozca públicamente y qué debe permanecer oculto.
El dilema actual del Gobierno
El Gobierno enfrenta ahora un problema sin salida elegante. Si retira a 'Calarcá' de la mesa de negociación, el proceso se fractura irreversiblemente antes de un año electoral crucial. Si lo mantiene, consolida un precedente devastador: que en Colombia es posible negociar paz durante el día y ordenar asesinatos durante la noche, sin consecuencia legal alguna.
Lo que parece estar ocurriendo actualmente es peor que cualquiera de las dos opciones anteriores: el silencio institucional. Esta omisión deliberada no representa neutralidad. Comunica, sin necesidad de palabras explícitas, que la continuidad del proceso político vale más que la vida del líder social que aparece asesinado en los chats de un negociador de paz.
Reflexiones finales sobre la paz verdadera
La paz verdadera no se logra mediante diálogos que terminan en farsas negociadoras. Se alcanza mediante el sometimiento efectivo del criminal ante la Constitución y la ley. Requiere extradiciones que disuadan realmente la criminalidad y un Estado que tenga la voluntad política firme de exigir que sus propias condiciones se cumplan plenamente.
Colombia ha pagado un precio demasiado alto por aprender esta lección repetidamente. Y sin embargo, aquí estamos nuevamente. Otra vez enfrentando los mismos patrones. Hasta ahora, el espejo de la responsabilidad estatal no tiene a quién devolverle la mirada de manera consistente.
