La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, logró mantenerse en el cargo luego de que el Consejo de Estado rechazara una demanda de pérdida de investidura en su contra. El alto tribunal evaluaba si la congresista había incurrido en tráfico de influencias al tramitar los permisos para que jefes de grupos criminales de Antioquia salieran de la cárcel y asistieran al denominado “tarimazo” con el presidente Gustavo Petro, realizado en junio pasado en Medellín.
Decisión del Consejo de Estado
La Sala Plena del Consejo de Estado determinó que no se probó que la senadora Zuleta hubiera abusado de su poder como congresista para obtener los permisos correspondientes ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según el fallo, la congresista hizo uso de facultades especiales que le fueron otorgadas en el marco de la iniciativa de paz total del gobierno nacional, sin que ello constituyera una infracción a la ley.
Antecedentes del caso
La demanda fue presentada por un ciudadano que alegó que Zuleta había gestionado indebidamente los permisos para que varios jefes de bandas criminales de Antioquia salieran de prisión y participaran en un evento público junto al presidente Petro. El evento, conocido como “plazoletazo” o “tarimazo”, se realizó en Medellín y contó con la presencia de líderes de grupos armados, lo que generó una fuerte controversia política y mediática.
Argumentos de la defensa
La defensa de la senadora sostuvo que su actuación se enmarcaba dentro de las atribuciones que le confiere su cargo y que los permisos fueron otorgados por las autoridades competentes siguiendo los protocolos establecidos. Además, argumentó que no existía evidencia de que hubiera recibido ningún beneficio personal o político a cambio de dichas gestiones.
Implicaciones para la paz total
El fallo del Consejo de Estado es visto como un respaldo a la política de paz total del gobierno Petro, que busca dialogar con diversos grupos armados para lograr acuerdos de desmovilización y desarme. Sin embargo, sectores de la oposición han criticado la decisión, argumentando que sienta un precedente peligroso al permitir que congresistas gestionen beneficios para criminales sin consecuencias legales.
La senadora Isabel Zuleta, por su parte, celebró la decisión y reafirmó su compromiso con el proceso de paz. “Seguiremos trabajando por la reconciliación y la construcción de una Colombia en paz, sin que nos detengan las acusaciones infundadas”, declaró tras conocerse el fallo.
Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate público los límites de las facultades de los congresistas en la gestión de políticas de paz y seguridad, así como la necesidad de garantizar la transparencia en los procesos de diálogo con grupos armados.
