Tensión entre Gobierno y Fiscalía por suspensión de capturas en la Paz Total
Todo ciudadano de buena voluntad debería mantener una vocación de apoyo a los esfuerzos por la paz en Colombia, y en ese sentido, no tener una predisposición a rechazar los procesos de paz que adelante el Estado. Sin embargo, los resultados, por decir lo menos, confusos de la Paz Total permiten comprender sin esfuerzo por qué no pocos ciudadanos miran con gran preocupación esa estrategia de la Presidencia de la República.
Problemas en el diseño e implementación
La estrategia de Paz Total ha probado cada cierto tiempo, con hechos ciertos, su mal diseño, implementación, control y seguimiento. Los últimos sucesos incluyen la suspensión de órdenes de captura y la designación de criminales como gestores de paz, lo que ha generado un intenso debate nacional.
En días recientes, ha vuelto a surgir la repetida tensión entre el Palacio de Nariño y la Fiscalía General de la Nación por la ejecución de determinaciones adoptadas por la ley que faculta al presidente para solicitar la suspensión de capturas con el fin de facilitar diálogos de paz.
Casos específicos que generan controversia
La Resolución 0072, por ejemplo, mediante la cual inicialmente la fiscal Camargo suspendió capturas de 23 cabecillas de bandas criminales, se confronta con la revocatoria de 16 de estas suspensiones a través de la Resolución 0079, dictada pocos días después. Esto ocurrió al detectar que el Gobierno omitió detalles clave, como que era improcedente suspender capturas de sujetos que ya estaban condenados y tras las rejas en cárceles de máxima seguridad.
No se puede dejar de mencionar el caso de alias ‘Calarcá’, de quien la Fiscalía ha solicitado al presidente retirar el estatus de negociador. Esto tras documentar que, mientras gozaba de beneficios, presuntamente ordenó homicidios de líderes sociales, instaló minas antipersona y continuó con ofensivas terroristas en el departamento del Meta.
Preocupaciones de autoridades locales
Se comprende entonces por qué los alcaldes de las principales ciudades y los gobernadores han expresado su desagrado, argumentando que la Paz Total está desmantelando la seguridad territorial. Se han creado situaciones en las que la Policía captura criminales que el Gobierno luego intenta liberar, enviando señales contradictorias que debilitan la moral de la fuerza pública y generan inseguridad en las comunidades.
Acusaciones de fines electorales
También se comprende por qué varios candidatos políticos señalan al Gobierno de usar estas liberaciones con fines electorales. Sugieren que los "gestores de paz" podrían presionar votos en territorios bajo su control para presuntamente favorecer al candidato del oficialismo, lo que añade una capa de politización a un proceso que debería centrarse en la reconciliación nacional.
Deslegitimación de la figura del gestor de paz
La deslegitimación de la figura del "gestor de Paz", concebida como una herramienta excepcional para la reconciliación, pero que pareciera haberse convertido en un mecanismo de impunidad, demanda urgentemente un marco jurídico claro y resultados tangibles en la reducción de la violencia. La comunidad internacional y la sociedad civil exigen transparencia y rendición de cuentas en este proceso.
Decisión crucial para el presidente Petro
La situación actual impone al presidente Gustavo Petro una decisión crucial: si acata los pedidos de la Fiscalía para reactivar capturas contra quienes han incumplido los términos de los acuerdos, o si mantiene una política que, según sus críticos, está erosionando el Estado de Derecho en favor de estructuras criminales. El futuro de la Paz Total y la credibilidad del Gobierno dependen en gran medida de esta elección, que debe balancear la búsqueda de paz con la justicia y la seguridad ciudadana.
