A tres semanas de la primera vuelta presidencial, el gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del ‘clan del Golfo’, entre ellos su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, uno de los narcoterroristas más buscados por Estados Unidos. La medida ha generado fuertes cuestionamientos en la Rama Judicial y en sectores políticos.
Preocupación en la Rama Judicial
La solicitud del Ejecutivo choca con las investigaciones que adelanta la Fiscalía y con los conceptos favorables de extradición emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Entidades como la ONU Derechos Humanos y la Misión de Observación Electoral (MOE) han alertado sobre la influencia de estos grupos en el voto libre en algunos territorios, lo que incrementa la preocupación ante la posibilidad de que criminales tengan libertad de movilidad en zonas asediadas por el ‘clan’.
Justificación del Gobierno
El Gobierno argumentó que la medida es necesaria para garantizar las actividades de ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), a partir del 25 de junio de 2026, en cumplimiento de acuerdos pactados en Catar. El comisionado de Paz, Otty Patiño, señaló: “El Presidente es el que manda en temas de paz, y voces como las de Estados Unidos no pueden estar por encima de la soberanía nacional y los intereses de la paz”.
Reacciones de expertos
Analistas advierten que la decisión del Gobierno envía un mensaje contradictorio frente a la ofensiva contra el ‘clan del Golfo’ y podría llevar a Washington a activar presiones diplomáticas o incluso sanciones. Por su parte, el presidente Petro defendió las zonas de concentración como parte de un “proceso avanzado de paz” orientado a la salida definitiva de la violencia, asegurando que cerca de 400 personas se concentrarán inicialmente y habrá mecanismos de auditoría para evitar falsos combatientes.
