Diálogos de paz en Magdalena terminan en fracaso mientras grupos armados fortalecen su dominio
La promesa de desactivar la violencia mediante el diálogo en el departamento del Magdalena ha chocado contra una realidad implacable en la Sierra Nevada de Santa Marta. Lejos de debilitarse, las estructuras armadas ilegales no solo se consolidaron sino que ampliaron significativamente su presencia en zonas urbanas y rurales, imponiendo una ley paralela que regula desde la economía hasta la vida cotidiana de los habitantes.
Paraestado criminal se impone en el territorio
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia han transitado de ser actores en negociación a convertirse en administradores de facto del territorio magdalenense. Comerciantes, transportadores y pequeños negocios están obligados a pagar cuotas extorsivas para poder operar, en un sistema que muchos describen como un "servicio obligatorio" que funciona como un verdadero paraestado.
"Es una especie de paraestado que se impuso en la cotidianidad. Son ellos los que exigen, vigilan y controlan. Están reclutando cada vez más jóvenes a la guerra y la violencia está desbordada", explica Juan Ocaña, analista de orden público con amplia experiencia en la región.
Las cifras respaldan esta dramática realidad. Según datos de la plataforma PDHAL, basados en Medicina Legal, entre 2022 y abril de 2026 se registraron 4.872 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira. Solo el departamento del Magdalena concentra 2.338 casos, convirtiéndose en la jurisdicción más golpeada por la violencia en esta zona del Caribe colombiano.
Diagnóstico de la Alta Consejera: tres fallas estructurales
Para Jennifer del Toro, alta consejera para la paz y el postconflicto, el problema tiene nombre propio: falta de ejecución, indefinición y una política que nunca aterrizó en resultados concretos. La funcionaria identifica tres fallas estructurales en la implementación de la 'paz total' en la Sierra Nevada de Santa Marta:
- Ausencia de cronogramas y acuerdos claros: "No se definieron los tiempos ni los compromisos concretos para dejar las armas. Tampoco hubo claridad sobre las penas o mecanismos de justicia", señala Del Toro.
- Dilación institucional: "Hubo largos periodos sin pronunciamientos de la Oficina del Comisionado de Paz. Eso generó un vacío que fue aprovechado por los grupos armados".
- Enfoque centrado en beneficios jurídicos: "Lo único concreto fue el reconocimiento de voceros y la suspensión de órdenes de captura y extradición. Pero no hubo mecanismos de verificación ni consecuencias por incumplimientos".
El resultado, según la alta consejera, fue un escenario de simulación donde "se creó una especie de teatro de la paz: parecía que se negociaba, pero en realidad no se redujo la violencia ni se desmantelaron las economías ilegales".
Expansión criminal sin control y violencia persistente
Uno de los puntos más cuestionados ha sido la decisión del gobierno de solicitar la suspensión de órdenes de captura para miembros de estas estructuras. La medida, que buscaba facilitar los diálogos, terminó generando efectos contrarios al permitir la libertad de líderes criminales como alias 'Cholo', máximo dirigente de las ACSN.
Mientras tanto, las cifras muestran un crecimiento alarmante. La Gobernación del Magdalena ha advertido que el Clan del Golfo tuvo una expansión superior al 600% entre 2021 y 2026, consolidando presencia en prácticamente todo el departamento. Las ACSN, por su parte, superan el millar de hombres en armas y mantienen control en amplias zonas de la Sierra y su área de influencia.
El monitoreo realizado por la Alta Consejería para la Paz entre 2024 y 2026 documenta al menos 55 pronunciamientos públicos de las ACSN manifestando su voluntad de acogerse a la 'paz total'. Sin embargo, en paralelo, se consolidaron patrones sistemáticos de violencia que incluyen extorsión generalizada, despojo de tierras, castigos extrajudiciales, homicidios selectivos y amenazas contra líderes sociales.
Herencia compleja para el próximo gobierno
A pocos meses del cambio de gobierno, el panorama no es alentador. Para Del Toro, el próximo presidente recibirá un problema agravado y sin una ruta clara de solución. "El Estado tiene dos caminos: insistir en el sometimiento vía diálogo sociojurídico o recurrir a la ofensiva militar. Pero ninguna de las dos opciones, por sí sola, ha sido suficiente", sostiene la funcionaria.
La actual intensificación de operaciones militares tampoco garantiza resultados si no va acompañada de políticas sociales que atiendan las causas estructurales del conflicto. "Si no se atienden las causas estructurales —como el reclutamiento, la pobreza y la falta de oportunidades— la respuesta será insuficiente. Eso ya lo ha demostrado la historia del conflicto en Colombia", añade Del Toro.
El impacto trasciende la seguridad. La alta consejera advierte que la situación condiciona el desarrollo económico de Santa Marta y su proyección turística, afectando la vida de más de 600.000 samarios y limitando su crecimiento, sostenibilidad y posibilidad de convertirse en un destino internacional competitivo.
La 'paz total', bandera del gobierno Petro, termina su ciclo en la Sierra Nevada sin haber logrado su objetivo principal: reducir la violencia y desmantelar las estructuras armadas. El balance que queda es el de un territorio más controlado por grupos ilegales, con economías criminales fortalecidas y una población que sigue viviendo bajo presión constante. "Lo que queda en el territorio es un problema", resume Jennifer del Toro, y ese problema será la compleja herencia que tendrá que enfrentar el próximo gobierno colombiano.
