Fiscalía solicita reactivación de órdenes de captura contra jefe disidente Calarcá
La fiscal general Luz Adriana Camargo envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que no solo solicita reactivar las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las FARC. El documento también presenta una serie de hechos violentos que sustentarían el incumplimiento de las condiciones que permitían al disidente continuar como vocero en el proceso de paz.
Argumento jurídico y tensión institucional
El argumento central de la Fiscalía es jurídico: la suspensión de órdenes de captura -permitida por la Ley 2272 de 2022 y avalada por la Corte Constitucional- constituye un beneficio excepcional condicionado a dos requisitos fundamentales: participación real en el proceso de paz y no comisión de nuevos delitos. Según el ente acusador, si estas condiciones se rompen, el beneficio debe revocarse inmediatamente.
Sin embargo, la carta revela una tensión institucional de fondo. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz han planteado que la Fiscalía no tendría competencia para levantar o reactivar órdenes de captura en estos casos, sino que esta facultad recaería exclusivamente en el presidente de la República. Ante este escenario, la Fiscalía optó por solicitar al Gobierno que retire la designación de Calarcá como representante en los diálogos, lo que abriría la puerta legal para reactivar las capturas.
Cuatro hechos violentos que comprometerían a Calarcá
La Fiscalía afirma tener evidencia de al menos cuatro hechos violentos en los que Calarcá estaría involucrado "de manera personal" y que ocurrieron después de la suspensión de sus órdenes de captura:
1. Asesinato de Carmelina Yule (marzo 2024): El crimen de la lideresa indígena en Toribío, Cauca, ocurrió apenas dos meses después de que Calarcá recibiera el beneficio de suspensión de capturas. Aunque versiones iniciales atribuyeron el hecho al frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central bajo Iván Mordisco, la Fiscalía lo presenta como prueba temprana de incumplimiento.
2. Ataque en Valdivia, Antioquia (julio 2024): El ataque con minas antipersonal que dejó seis soldados muertos ocurrió en zona de operación de los frentes 18 y 36, estructuras del Bloque Magdalena Medio. Expertos advierten que atribuir este caso a Calarcá "es atribuirle demasiado mando interno como individuo" en estructuras fragmentadas.
3> Eventos en Guaviare (enero 2025-2026): La Fiscalía menciona una "masacre de veintiséis personas en Miravalle, Guaviare" aunque existen imprecisiones en fecha y lugar. Registros disponibles confirman un combate entre disidencias en enero de 2025 que dejó al menos 20 muertos, enfrentando al Bloque Amazonas de Mordisco contra la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Briceño bajo Calarcá.
4. Campaña de terrorismo en el Meta (2024-2025): La Fiscalía documenta 19 eventos con explosivos contra el sector comercio en municipios como Granada, Acacias, Villavicencio, Mesetas y Guamal, territorios donde el Bloque Jorge Briceño bajo mando de Calarcá tiene presencia activa con dinámicas de extorsión y control territorial.
Fragmentación de las disidencias complica atribución de responsabilidades
Los casos ilustran una de las principales dificultades de las negociaciones actuales: las disidencias ya no funcionan como estructuras unificadas como las antiguas FARC, sino como redes fragmentadas con altos niveles de autonomía. Como advierte Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares): "No estamos hablando de las mismas FARC. Hoy no es tan fácil decir que cualquier hecho se le puede endilgar al mando superior, porque las estructuras están fragmentadas y operan con niveles altos de autonomía".
Esta división evidencia otro problema fundamental: "Esto muestra que el Gobierno no tiene claro con quién está sentado hablando ni para qué. Las fracturas internas y las desobediencias hacen que sea más difícil no solo negociar, sino también establecer responsabilidades claras sobre los hechos en terreno", agrega Bonilla.
Decisión gubernamental con amplias implicaciones
La decisión que tome el Gobierno no solo definirá la situación jurídica de Calarcá y otros tres comandantes disidentes -Andrey Avendaño, Richard y Jhon Mechas-, para quienes la Fiscalía también solicitó reactivar órdenes de captura. La resolución se sustenta en que, pese a sus roles como delegados en procesos de paz, estos comandantes habrían seguido dirigiendo estructuras armadas y ordenando acciones violentas en regiones como Catatumbo, donde se desató una crisis de seguridad sin precedentes en enero pasado que afectó a cerca de 100 mil personas.
Todo este escenario pondrá a prueba cómo se interpreta el cumplimiento en la política de paz total en un contexto donde los grupos armados ya no son estructuras cohesionadas, sino redes fragmentadas con dinámicas complejas de mando y control. La Consejería Comisionada de Paz, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema planteado por la Fiscalía.
