La Fiscalía General de la Nación ha puesto límites claros al Gobierno Nacional en relación con la suspensión de órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo y su movilización prevista para el próximo 25 de junio hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió un pronunciamiento en la mañana del 12 de mayo en el que dejó en claro que no se detendrán las órdenes de captura de miembros de ese grupo criminal vinculados a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, hasta que no se verifique adecuadamente la información proporcionada.
Exigencias de la Fiscalía
En su declaración, Camargo señaló que la información remitida desde la oficina del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, no es suficiente para justificar la suspensión de las medidas judiciales. La fiscal general subrayó la necesidad de contar con datos precisos y verificables que acrediten el compromiso de los integrantes del Clan del Golfo con el proceso de paz. De lo contrario, las órdenes de captura seguirán vigentes y se ejecutarán conforme a la ley.
Contexto de la paz total
El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la política de paz total, que busca desmovilizar a diversos grupos armados ilegales, incluyendo al Clan del Golfo. Como parte de este proceso, se había acordado la suspensión temporal de capturas y la movilización de 29 miembros del clan hacia las ZUT. Sin embargo, la Fiscalía considera que antes de dar ese paso, es fundamental garantizar que no se trata de una estrategia para evadir la justicia.
Luz Adriana Camargo enfatizó que la institución no actuará de manera ligera y que cualquier decisión estará basada en evidencia sólida. La fiscal general también recordó que la seguridad jurídica y la lucha contra la impunidad son pilares fundamentales de su gestión. Por ello, mientras no se reciba información completa y confiable, las órdenes de captura contra los integrantes del Clan del Golfo se mantendrán activas.
Esta postura de la Fiscalía genera un nuevo capítulo en las tensiones entre el Ejecutivo y el ente acusador en torno a la implementación de la paz total. Mientras el gobierno busca avanzar en los diálogos, la Fiscalía exige garantías procesales que eviten que criminales evadan la justicia. La decisión final dependerá de la información que el consejero Otty Patiño pueda proporcionar en los próximos días.
