Comunidades del Chocó lanzan advertencia sobre diálogos con Clan del Golfo
Las organizaciones sociales y comunidades del departamento del Chocó han emitido un comunicado público contundente dirigido al Gobierno Nacional, cuestionando severamente la forma en que avanzan las conversaciones de paz con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El documento, fechado el 26 de febrero en Quibdó pero difundido públicamente el 2 de marzo, representa una voz crítica desde el territorio directamente afectado por el conflicto armado.
Preocupación por Zonas de Ubicación Temporal sin consulta
El pronunciamiento se centra especialmente en la intención gubernamental de establecer dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Belén de Bajirá, Chocó, como parte del proceso de diálogo iniciado en septiembre de 2025. Según el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, esta decisión no ha sido concertada con autoridades locales ni con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan el territorio, quienes serían las principales impactadas por la medida.
"Continuar los diálogos con el EGC es necesario, pero requiere condiciones claras, participación real y garantías para las comunidades", afirma textualmente el comunicado. Las organizaciones reconocen que la continuidad del proceso es fundamental para reducir la violencia y abrir caminos hacia una paz territorial, pero advierten que su legitimidad depende de corregir fallas estructurales.
Cuatro críticas fundamentales al proceso
El documento detalla cuatro preocupaciones principales que, según las comunidades, amenazan la viabilidad del proceso de paz:
- Falta de transparencia sobre los alcances y compromisos concretos del diálogo
- Ausencia de participación efectiva de comunidades étnicas y campesinas en las decisiones
- Inexistencia de medidas inmediatas para frenar las violencias en curso en las regiones
- Riesgos de fortalecimiento del control territorial del EGC en zonas priorizadas
Además, las organizaciones señalan limitaciones en la participación territorial y debilidades metodológicas en los mecanismos de monitoreo y verificación liderados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
Condiciones mínimas exigidas por las comunidades
Para garantizar la sostenibilidad del proceso, las organizaciones territoriales exigen el cumplimiento de condiciones mínimas:
- Medidas humanitarias inmediatas frente a desplazamientos forzados, reclutamiento y violencia sexual
- Estrategias verificables para desmantelar economías ilícitas que financian a los grupos armados
- Participación territorial efectiva en los mecanismos de monitoreo y verificación
- Garantías de seguridad concretas para líderes sociales y comunidades vulnerables
"El diálogo no puede construirse sin las comunidades ni imponerse desde escenarios alejados de la realidad territorial", enfatizan las organizaciones, rechazando que sus cuestionamientos equivalgan a oposición a la paz. Por el contrario, afirman buscar evitar que el proceso reproduzca dinámicas de exclusión históricas.
Contexto del proceso y declaración paralela del EGC
El proceso de diálogo estuvo paralizado varios días antes de reanudarse el 17 de febrero, en medio de la controversia generada por la promesa del presidente Gustavo Petro al expresidente estadounidense Donald Trump de capturar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', máximo comandante del Clan del Golfo.
En paralelo a las críticas de las comunidades, el Clan del Golfo difundió un comunicado declarando su compromiso con la democracia y prometiendo no interferir en procesos electorales. El grupo asegura que no impondrá candidatos, no financiará campañas ni recurrirá a la violencia para incidir en resultados políticos, solicitando acompañamiento nacional e internacional para verificar estos compromisos.
La coexistencia de ambos mensajes —el del grupo armado buscando mostrar voluntad política y el de las organizaciones territoriales exigiendo garantías concretas— evidencia la compleja tensión dentro del proceso de paz, donde las demandas de legitimidad territorial chocan con las dinámicas políticas nacionales e internacionales.
