En Colombia, el borrado de murales se ha vuelto un hecho cotidiano que enciende debates sobre memoria, verdad y paz. Estos espacios públicos se convierten en escenarios de combate donde convergen políticos, activistas, policías, periodistas y víctimas. ¿Cuál es el impacto social, cultural y político de un mural en un país marcado por la violencia? ¿Por qué mientras unos grupos los crean, otros buscan eliminarlos, incluso por decisión administrativa? ¿Qué relación guardan los murales con la memoria y la paz?
La memoria como campo en disputa
La memoria ha sido fundamental en el desarrollo cultural y político de las naciones, tradicionalmente construyendo una identidad nacional positiva a través de relatos oficiales. Sin embargo, desde los años setenta, víctimas y minorías han refutado esas narrativas, generando memorias alternativas. Este proceso ha llevado a la institucionalización de políticas públicas como centros de memoria, comisiones de la verdad y apuestas museográficas.
El efecto del mural, como dispositivo de memoria, es impactar en la sociedad mediante la evocación del pasado para saldar deudas, sanar heridas y gestionar traumas. Algunos de estos ejercicios buscan incluso ser reconocidos como patrimonio. Los murales, con sus mensajes, lenguajes y símbolos, revisan críticamente el pasado, conmoviendo con testimonios y narrativas de sobrevivientes. Existe una importancia moral del pasado que trasciende el simple ejercicio memorial.
La no repetición como objetivo
Una hipótesis central en los procesos transicionales es la no repetición: la capacidad de la memoria para prevenir el resurgimiento de la guerra, los odios y los estereotipos que generaron genocidios, desapariciones y asesinatos. El mural no es solo pintura sobre una estructura; moviliza acciones públicas simbólicas e inmateriales que ritualizan lo colectivo y generan interacciones sociales heterogéneas.
En Colombia, sectores pintan murales con cifras icónicas basadas en verdades judiciales investigadas por la justicia transicional, la academia, el periodismo y organismos internacionales. Estos murales pueden tener efectos inesperados: convencer a indecisos, polarizar, eliminar prejuicios o reforzarlos. Hacen públicas las memorias y símbolos del esclarecimiento judicial, como las cifras de ejecuciones extrajudiciales contrastadas con evidencia empírica de la JEP o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buscan denunciar violaciones a derechos humanos, hechos victimizantes y gestionar los legados del conflicto, apostando por la paz.
El mural como recurso educativo
El mural es un dispositivo que educa al conectar con el símbolo que demarca, evocando públicamente el pasado doloroso y combatiendo memorias belicosas. Sus frases, colores, números y estética enuncian versiones del pasado que buscan armar al ciudadano contra futuras violencias, cumpliendo los imperativos del "nunca más" que han caracterizado a las comisiones de la verdad en el mundo: nunca más discriminar, nunca más desaparecer, nunca más asesinar.
Sin embargo, la memoria es un campo permanente en disputa. Cuando aparecen noticias sobre el borrado sistemático de murales, estamos presenciando algo más que vandalismo o decisiones administrativas menores. Se trata de una segunda victimización: el intento de silenciar las voces que han logrado emerger en el espacio público. Borrar un mural que denuncia violaciones a derechos humanos constituye una forma de censura que revela las tensiones no resueltas de la sociedad colombiana.
Actores de poder y resistencia
Detrás de estas decisiones están actores de poder que se sienten amenazados por la verdad que estos dispositivos hacen visible. Los murales que emergen y son borrados representan la tensión entre una Colombia que busca la paz y otra que se resiste al cambio. Esta resistencia evidencia que sectores de la sociedad aún no están dispuestos a asumir la responsabilidad histórica que implica la construcción de paz.
La inmersión en dispositivos memoriales —monumentos públicos, museos, placas, exposiciones o murales— busca transformar comportamientos hacia la pacificación de las relaciones sociales. Cuando se borran sistemáticamente, se ataca no solo la memoria de las víctimas, sino la posibilidad de construir una sociedad democrática basada en la verdad y la no repetición. El borrado sistemático evidencia una paradoja de la justicia transicional colombiana: mientras institucionalmente se promueve la memoria, la verdad y la reparación, en la práctica cotidiana persisten resistencias profundas a enfrentar el pasado violento.
La defensa de la memoria como acto político
El desafío no es menor. La defensa de estos espacios de memoria no es solo una cuestión estética o cultural, sino profundamente política: es la defensa del derecho de las víctimas a ser escuchadas, del derecho de la sociedad a conocer su historia y del derecho de las futuras generaciones a heredar una memoria que las proteja de repetir los errores del pasado. La memoria, materializada en murales, no busca abrir heridas sino cerrarlas desde la verdad. Borrarla es mantenerlas abiertas para siempre.
