En respuesta al editorial del 6 de abril de 2026, titulado "'Satanismo', odio y libre expresión en Colombia", Daniel Argumedo expone su postura crítica frente a la protesta realizada durante la Semana Santa. Aunque reconoce que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares democráticos, considera que el análisis del editorial reduce erróneamente la controversia a un asunto de libertades individuales frente al dogmatismo estatal.
El fondo del debate
Argumedo aclara que no está en discusión la legitimidad de denunciar abusos en la Iglesia católica, ni el uso de símbolos religiosos invertidos como expresión simbólica. El verdadero reproche, según él, es la provocación deliberada y dirigida contra personas concretas en el momento de mayor solemnidad de su fe. Los manifestantes no solo escogieron Semana Santa, sino uno de los días más representativos para los católicos, y además fueron hasta un templo donde había personas congregadas para increparlas y provocarlas.
¿Protesta o agresión?
El editorial pregunta si una protesta debe ser respetuosa con una religión particular. Argumedo sostiene que la pregunta está mal planteada: no se trata de exigir reverencia hacia ningún credo, sino de reconocer la diferencia entre cuestionar a una institución y hostigar a sus fieles mientras practican sus ritos. Si la intención era confrontar a la Iglesia como estructura de poder, bien pudieron haber acudido a la Conferencia Episcopal. Ir a un templo en Viernes Santo no incomoda al poder eclesiástico, sino que agrede a ciudadanos comunes que ejercían su derecho a la libertad de culto.
Precisión jurídica y convivencia
Argumedo también cuestiona las expresiones del Ministerio del Interior sobre "cánticos ofensivos" y "actos de intimidación", y reconoce que merecen precisión jurídica para que el Estado no se convierta en árbitro de lo que puede cantarse. Sin embargo, esa cautela no invalida el fondo del pronunciamiento: rechazar una acción que buscó provocar un enfrentamiento entre ciudadanos. Reconocer esto no equivale a preferir unas creencias sobre otras, sino a entender que la convivencia democrática exige un mínimo de consideración recíproca.
Colombia necesita más protesta, pero la eficacia de la protesta social depende de que la sociedad perciba en ella una causa justa y no un mero ejercicio de provocación. Defender la libertad de expresión no obliga a aplaudir cualquier forma en que se ejerza; también se puede y debe señalar cuándo su ejercicio cruza la línea.
