Colombia: Un país en constante movilización social
Colombia vivió un año de intensa ebullición social durante 2025, con un promedio de 11 protestas o conflictos sociales diarios, según un informe exclusivo del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo al que tuvo acceso este medio. Los datos revelan un panorama de descontento generalizado que se extiende por todo el territorio nacional.
Las cifras que alarman
Durante 2025 se registraron 4.039 eventos de conflictividad social en Colombia, lo que representa un aumento del 5% frente a los 3.832 casos reportados en 2024. Esta cifra es la más alta desde 2022 y muestra una tendencia creciente de movilización ciudadana.
En comparación con años anteriores, la conflictividad social en 2025 fue un 97% mayor que en 2023 (cuando hubo 2.046 eventos) y un 183% superior a 2022 (con 1.427 casos registrados). Estas estadísticas confirman que Colombia se mantiene como un país con alta tensión social.
Formas de protesta predominantes
Los manifestantes recurrieron principalmente a:
- Bloqueos o cortes de ruta (41% de los casos)
- Plantones o concentraciones (39%)
- Marchas o movilizaciones (5%)
- Otras formas de expresión (15%)
Principales causas del descontento
El mapa de la conflictividad en 2025 muestra que los temas laborales siguen siendo el principal detonante, con el 18% de los casos. Sin embargo, hay otros factores que generaron importantes movilizaciones:
- Inconformidades con servicios públicos domiciliarios (13%)
- Reclamos por mayor inversión o presencia estatal (12%)
- Exigencias por acceso a la educación, incluidos paros estudiantiles (11%)
- Preocupaciones por afectaciones a derechos fundamentales (11%)
La crisis de salud: un foco creciente
Aunque los conflictos por el derecho a la salud ocupan el quinto lugar con el 8% del total, aumentaron un alarmante 81% frente a 2024, pasando de 175 a 317 casos. Pacientes, familiares y cuidadores salieron a las calles para reclamar desde medicamentos hasta citas con especialistas, tratamientos y traslados médicos.
Paralelamente, los trabajadores del sector salud mantuvieron protestas constantes por la inestabilidad laboral, falta de pagos, carencia de insumos y condiciones precarias para ejercer su labor. Esta situación refleja una vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud.
Distribución geográfica de los conflictos
Los conflictos sociales se extendieron a 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, aunque hubo mayor concentración en:
- Valle del Cauca
- Santander
- Bolívar
- Antioquia
- Atlántico
- Magdalena
- Córdoba
Actores detrás de las movilizaciones
El abanico de participantes en las protestas es amplio y diverso:
- Ciudadanía en general (25% de los eventos)
- Comunidad educativa - estudiantes, docentes y padres (15%)
- Usuarios de servicios públicos (11%)
- Trabajadores y sindicatos (10%)
- Usuarios de salud (6%)
- Transportadores (5%)
- Comunidades indígenas (5%)
- Sector agropecuario (4%)
Problemas estructurales y falta de cumplimiento
Según la Defensoría del Pueblo, durante 2025 persistieron las dificultades para materializar compromisos pactados en conflictos sociales, tanto del gobierno actual como de administraciones anteriores. Este incumplimiento de acuerdos reactivó tensiones en distintos sectores, desde mineros informales y arroceros hasta transportadores y comunidades de páramos.
"Aunque fue positiva la disposición al diálogo del Gobierno nacional para atender las necesidades de diferentes sectores, desafortunadamente en algunos casos se observó el desgaste de estos espacios, la desconfianza de las comunidades y el poco avance o incumplimiento de acuerdos", señala el informe.
Perspectivas para 2026
La Defensoría prevé que para 2026 las calles continuarán siendo el escenario principal de expresión ciudadana, especialmente en un contexto electoral altamente polarizado. El gobierno nacional, a pocos meses de terminar su mandato, buscará defender sus reformas, proyectos y programas mientras la ciudadanía exige respuestas concretas a sus demandas.
El informe concluye que estas manifestaciones de inconformidad podrían continuar presentándose y escalando durante 2026, dependiendo principalmente del cumplimiento de los distintos compromisos suscritos entre el Estado y las comunidades movilizadas.
