En el marco de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta entre el 24 y el 29 de abril, la abogada Lourdes Díaz-Monsalvo ha lanzado un llamado contundente: los países empobrecidos no solo deben impulsar la transición energética, sino también exigir que las naciones con mayor responsabilidad histórica en la contaminación asuman los costos. Esta postura, que viene siendo promovida por diversas naciones del denominado ‘Sur Global’, busca poner la justicia social en el centro del debate energético global.
Justicia social como eje del cambio
Díaz-Monsalvo, con más de una década de experiencia en el sector público —en entidades como la ANI, la Procuraduría, la CRA, la Alcaldía de Bogotá y la DIAN— y formación en políticas públicas y regulación minero-energética, subrayó que cualquier transición energética debe tener un enfoque de justicia social. “Tiene un impacto social fuerte, por lo costoso del cambio”, explicó, refiriéndose a las dificultades que enfrentan países como Colombia, donde amplias zonas rurales carecen de infraestructura adecuada.
La experta insistió en que la accesibilidad a las nuevas tecnologías debe ser un principio rector. “Se necesita que las nuevas tecnologías sean asequibles, fáciles de usar y acordes a las condiciones reales del país, donde la mayoría de carreteras son trochas”, señaló. Para ella, no se trata solo de reducir emisiones, sino de garantizar que el proceso “no deje a nadie atrás”.
Costos no deben recaer en los más pobres
La discusión no es únicamente técnica o ambiental, sino profundamente económica. Díaz-Monsalvo advirtió que el peso de la transición no puede recaer sobre los sectores más vulnerables. “El impacto más importante es que los costos no le lleguen a los más pobres”, afirmó. En un contexto global donde el consumo de combustibles fósiles no ha disminuido —incluso tras la caída registrada durante la pandemia—, la experta reconoció que no existen soluciones simples. No obstante, planteó una ruta basada en la corresponsabilidad internacional: “Los países que más industria generan y más contaminan deberían asumir estos costos y gastos”.
Desafíos jurídicos y económicos
En el plano jurídico, Díaz-Monsalvo fue cauta frente a la posibilidad de obligar a las grandes potencias a responder por los daños ambientales causados. “El derecho se queda corto”, especialmente cuando se trata de enfrentar a las economías más fuertes del mundo. “Si los estados más poderosos son los que están tomando el mando, no es claro cómo los más débiles podrían obligarlos a pagar”, agregó. Pese a este escepticismo, la experta no descarta estrategias alternativas de presión, sobre todo económica. “Si entre todos nos ponemos de acuerdo, los poderosos sienten el golpe en el bolsillo, y puede que tomen otras decisiones”, planteó.
Replanteamiento del modelo productivo colombiano
En el caso específico de Colombia, Díaz-Monsalvo cuestionó la dependencia estructural de la economía frente a la exportación de materias primas extractivas. A su juicio, el argumento de que abandonar estos sectores implicaría un colapso económico debe revisarse con mayor profundidad. “Siempre se dice que si dejamos de exportar materias primas nos vamos a morir, pero hay alguien que las está comprando. Si los países poderosos las siguen demandando, entonces tampoco están haciendo una transición real”, explicó.
Como alternativa, propuso replantear el modelo productivo del país, apostando por el desarrollo de servicios y tecnologías. “Debemos cambiar la mentalidad de ser un país que exporta materia prima para luego comprar el producto terminado diez veces más caro”, indicó. Para la abogada, este cambio no solo tendría implicaciones económicas, sino también políticas y geopolíticas. “Es una oportunidad para cambiar nuestra posición en el mercado global”, concluyó.
Un llamado a la corresponsabilidad
Las reflexiones de Díaz-Monsalvo ponen sobre la mesa una de las tensiones centrales de la transición energética: cómo avanzar hacia un modelo sostenible sin profundizar las desigualdades existentes. En ese dilema, la justicia —más que la tecnología— aparece como el verdadero desafío. La conferencia en Santa Marta, que reúne a expertos de diversas disciplinas, continúa siendo un espacio clave para debatir estas propuestas y buscar caminos hacia una transición energética más equitativa y accesible para todos.
