Gobierno despliega estrategia interinstitucional para recuperar control del Parque Tayrona
El Gobierno nacional ha activado un conjunto de medidas interinstitucionales para atender la grave problemática de seguridad que afecta al Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los ecosistemas más emblemáticos de Colombia, actualmente bajo cierre temporal preventivo. La estrategia, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca recuperar el orden en el área protegida y garantizar condiciones de seguridad tanto para las comunidades que habitan la zona como para los turistas que la frecuentan.
Cierre por pérdida de control institucional
El cierre del Parque Tayrona se produjo tras la pérdida de control institucional en el área protegida, situación que se agravó por amenazas, bloqueos, ingreso irregular de visitantes y hechos de intimidación contra funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este escenario se desarrolla en medio de tensiones con comunidades campesinas e indígenas y un contexto de riesgo asociado a la presencia de actores armados en la región.
Actualmente, la entrada al Tayrona es controlada por comunidades campesinas e indígenas, mientras que la policía realiza acompañamiento pero no interviene directamente ante la toma de los territorios por parte de estos grupos. Esta situación ha generado preocupación tanto por la seguridad de las personas como por la integridad ecológica del parque.
Instalación del Puesto de Mando Unificado Ambiental
Por instrucción de la ministra (e) Irene Vélez Torres, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales instaló un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA), una instancia de coordinación que permitirá articular acciones entre las entidades del Estado con competencia en el territorio. Esta medida se enmarca en los compromisos del Gobierno con la protección de los ecosistemas estratégicos y las comunidades que dependen de ellos.
El PMUA fue activado con el objetivo específico de fortalecer la respuesta institucional frente a la situación que enfrenta el parque y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas. Según informó el Ministerio de Ambiente, este espacio de coordinación es liderado por las carteras de Ambiente, Interior y Defensa, junto con la Alcaldía de Santa Marta, y cuenta con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la ciudad.
Diálogo con comunidades indígenas
En paralelo a la puesta en marcha del PMUA, el Ministerio de Ambiente informó que se adelanta un proceso de diálogo con los pueblos indígenas involucrados en los hechos que dieron lugar a la actual situación. Como parte de este proceso, está prevista la instalación de una mesa de trabajo la próxima semana, con el apoyo del Ministerio del Interior, el Ministerio Público y las autoridades indígenas reconocidas de los pueblos que mantienen relaciones históricas y ancestrales con el territorio del parque.
Este espacio de diálogo tiene como propósito abordar la problemática desde una perspectiva concertada, en la que se reconozca la relación ancestral de las comunidades indígenas con el área protegida y se promuevan soluciones construidas de manera conjunta. El acompañamiento institucional busca garantizar que las conversaciones se desarrollen en un marco de respeto, concertación y reconocimiento de los derechos colectivos.
Impacto económico y prioridades de seguridad
Las entidades que hacen parte del Puesto de Mando Unificado Ambiental reiteraron que su presencia en el territorio tiene como prioridad garantizar la seguridad de los habitantes y de los turistas, al tiempo que se protege la integridad ecológica del parque. En este sentido, el Gobierno nacional destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles de la administración pública y los organismos de control para enfrentar la situación de manera integral.
La ministra (e) Irene Vélez Torres afirmó que "la activación de las instancias técnicas de coordinación con los miembros del Conaldef nos permite hacerle frente a la problemática y abrir el diálogo con las comunidades. Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas". La funcionaria subrayó además el valor estratégico del parque, al señalar que el Parque Nacional Natural Tayrona "es una joya ecosistémica del país" y que su protección debe ir de la mano con la seguridad de los funcionarios de la entidad y de quienes visitan el área.
El escenario de un cierre prolongado del parque proyecta un riesgo económico significativo, estimado en aproximadamente $330.000 millones anuales, lo que añade urgencia a la búsqueda de soluciones que permitan reabrir el área protegida de manera segura y sostenible.
