La semana pasada fui invitada por la Corte Constitucional a participar en uno de sus "Diálogos Constitucionales", espacios que esta corporación abre para debatir diversos temas y buscar soluciones a problemáticas del país, con la participación de la población, la academia y la industria, a la luz de la legislación colombiana. En esta ocasión, el escenario fue la hermosa población de Barichara, Santander, donde se abordaron temas relacionados con el derecho al agua.
El panel sobre el derecho al agua potable
En el panel "El derecho de acceso al agua potable y la adecuada prestación de los servicios públicos", en el que participé junto a representantes de Andesco, de las universidades Javeriana y Bolivariana, y moderado por el magistrado Miguel Polo Rosero, recordé que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la única de rango constitucional, creada por la misma Carta Magna. A partir de la Ley 142 de 1994, se le dio vida a ella y a otras entidades clave como las comisiones reguladoras de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de Energía y Gas (CREG), generadas para mejorar la calidad de vida de los usuarios y lograr eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos.
Esta legislación permitió la separación de roles, la competencia regulada y el enfoque en eficiencia, además de incrementar los niveles de cobertura, calidad y continuidad, y generar un equilibrio entre sostenibilidad financiera, regulación y protección al usuario. Este último aspecto es clave, pues no hay garantía de derecho sin financiación sostenible.
Retos actuales en el acceso al agua
Hoy el reto es cerrar brechas de calidad y continuidad, especialmente en zonas rurales, avanzando con un enfoque integral: la protección de las cuencas, el mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y el fortalecimiento de los prestadores de servicios. Solo así es posible garantizar este derecho, sin ponerlo en riesgo como lo plantea el nuevo marco tarifario que expidió la CRA hace menos de un mes.
No se trata de incrementar el control sin objetivos claros; también se debe buscar una mejora proporcional en los resultados del servicio, lo que lamentablemente no ha sucedido. Como dato crítico, la cobertura de agua potable a nivel nacional ha caído de 89,4% en 2020 a 86,4% en 2025, con mayor afectación en la ruralidad. Esto demuestra que una sobrerregulación con enfoque sancionatorio no necesariamente mejora la prestación del servicio; el control debe orientarse a garantizar calidad, cobertura y eficiencia, no solo al cumplimiento formal.
Soluciones flexibles y fortalecimiento local
Cerrar las brechas en el acceso al agua exige reconocer que no todos los territorios se atienden igual. Necesitamos soluciones más flexibles, tecnologías adaptadas y un fortalecimiento real de los prestadores locales. El mensaje es sencillo: si se fortalece a quienes prestan el servicio, se fortalece el derecho al agua. Esa es la conversación que debemos seguir dando como país.
Saneamiento de fuentes hídricas
Hablar de agua no se limita al abastecimiento de agua potable; las regiones y las zonas rurales deben poner su mirada en el saneamiento de sus fuentes hídricas. Las grandes ciudades lo han entendido, pero en la Colombia profunda hay una brecha enorme en este aspecto.
En Bogotá avanzamos en el proyecto medioambiental más importante del país: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, que saneará las aguas del río Bogotá y beneficiará no solo a la capital y a Soacha, sino también a más de 80 municipios colombianos por los que pasa el río Magdalena. Así, tras más de 20 años de gestión técnica y jurídica, nos acercamos al inicio de esta obra de ingeniería de mayor impacto nacional, cuyo avance incrementará en 23% el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6: agua limpia y saneamiento.
Agradecimiento a la Corte Constitucional
Quiero finalizar expresando mi más profundo agradecimiento a la Corte Constitucional por estos espacios que, en nombre de una de las ramas del poder público, logran promover el crecimiento del país. Reunir juristas, académicos, industriales y comunidad para hablar de la principal fuente de vida es un aporte increíblemente valioso para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos.
