Justicia colombiana rechaza preacuerdo por corrupción en gestión del riesgo
En una decisión que marca un precedente significativo en los procesos judiciales contra la corrupción, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó este martes 14 de abril de 2026 su rechazo al preacuerdo negociado entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La determinación judicial representa un duro revés para la estrategia de defensa del exfuncionario y cuestiona severamente los procedimientos del ente acusador.
Vacíos sustanciales en la reparación a las víctimas
La magistrada ponente argumentó con firmeza que los lineamientos establecidos en el documento de colaboración no cumplen con los estándares legales mínimos exigidos para este tipo de beneficios procesales. Según el alto tribunal, la negociación falló de manera fundamental en un punto neurálgico: la reparación integral de las víctimas.
La justicia colombiana enfatizó que no existió una especificación clara sobre cómo se resarcirían los daños causados a las partes afectadas, entre las que figuran de manera prioritaria dos comunidades indígenas Wayúu de La Guajira, cuyos recursos básicos fueron comprometidos en el entramado de corrupción que desvió fondos destinados a emergencias y poblaciones vulnerables.
Gravedad de los hechos exige compromiso proporcional
El fallo resalta que, pese a que López Martínez aceptó su responsabilidad en delitos de peculado por apropiación y cohecho, el componente indemnizatorio quedó en una zona gris que la judicatura no está dispuesta a ignorar. Para el Tribunal, la gravedad de los hechos —que involucran el desvío de recursos destinados a emergencias— exige un compromiso de devolución de bienes y dinero que sea proporcional al detrimento patrimonial causado al Estado colombiano.
La defensa, liderada por el abogado José Moreno, sostuvo que su cliente ha entregado pruebas suficientes que corroboran la participación de congresistas y contratistas en el direccionamiento de contratos a cambio de favores políticos. Sin embargo, con este segundo rechazo al preacuerdo —que inicialmente contemplaba una pena de 6 años y 2 meses de prisión— la Fiscalía deberá reformular completamente los términos de la negociación si pretende mantener a López como su testigo estrella en el juicio contra la red de corrupción que desangró las arcas de la gestión del riesgo en el país.
Olmedo López mantiene su postura desde la reclusión
Desde su lugar de reclusión, Olmedo López emitió una misiva cargada de simbolismo, firmada incluso con su huella dactilar, en la que intentó anticiparse al golpe judicial. En el documento, el exdirector aseguró que su voluntad de colaborar es "incondicional" y que no retrocederá en sus señalamientos, independientemente de los obstáculos procesales.
"Si la justicia requiere más, habrá más", sentenció López, quien además denunció haber sido objeto de presiones, seguimientos e intentos de soborno que ascenderían a miles de millones de pesos para comprar su silencio. El exfuncionario reiteró la existencia de una estructura criminal que, según su versión, operaba desde la propia Casa de Nariño bajo el nombre del "cónclave".
En sus declaraciones, que el Tribunal ahora pone en pausa técnica mientras se reajustan los términos legales, López ha vinculado a figuras de alto perfil político, incluyendo exministros de las carteras de Hacienda e Interior, así como a exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Función Pública, quienes actualmente se encuentran prófugos.
Implicaciones para el proceso judicial
Esta decisión judicial tiene varias implicaciones importantes:
- La Fiscalía deberá revisar completamente su estrategia de negociación con testigos colaboradores
- Se establece un precedente sobre la obligatoriedad de especificar claramente la reparación a víctimas en preacuerdos
- El caso de corrupción en la UNGRD se prolongará mientras se redefinen los términos legales
- Las comunidades indígenas afectadas tendrán que esperar más tiempo para ver una posible reparación
La defensa de Olmedo López había solicitado previamente que fuera recluido en una guarnición militar, pero esta petición queda en suspenso ante el rechazo del preacuerdo. El proceso judicial continúa su curso mientras todas las partes involucradas evalúan sus próximos movimientos en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en Colombia.
