Condena ratificada y aumentada para abogado Diego Cadena por sobornos en cárceles
El Tribunal de Bogotá ha emitido un fallo contundente que ratifica la condena contra el abogado Diego Cadena y, además, incrementa sustancialmente su pena a casi nueve años de prisión. La decisión judicial, que consta de 43 páginas, también revierte la absolución previa de su socio Juan José Salazar, quien ahora enfrenta condena por su participación en los mismos hechos.
Los sobornos para beneficiar a Álvaro Uribe
Según la magistratura, Cadena ofreció dádivas y sobornos a dos reclusos entre 2017 y 2018 con el claro objetivo de obtener testimonios que favorecieran al expresidente Álvaro Uribe. Las investigaciones determinaron que el abogado visitó cárceles como La Picota en Bogotá, donde se encontraba Juan Guillermo Monsalve, para negociar beneficios judiciales a cambio de que este se retractara de versiones que vinculaban a Uribe con la creación de grupos paramilitares en Antioquia.
En el caso de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien cumplía condena en Palmira, Cadena habría ofrecido 200 millones de pesos para que testificara en contra del senador Iván Cepeda. Aunque solo se giraron 48 millones bajo el concepto de "viáticos y ayuda humanitaria", el Tribunal calificó esta conducta como "superlativamente dolosa" y configurativa de soborno.
Cambio radical en el fallo judicial
Esta decisión representa un giro significativo respecto al fallo de primera instancia emitido en octubre por el juez Fabián Moreno, quien había condenado a Cadena a siete años de domiciliaria solo por el caso Monsalve y lo absolvió del soborno a Vélez. Moreno consideró entonces que las pruebas sobre los giros a la familia de Vélez y dos cartas del exparamilitar no eran suficientes para configurar el delito, además de cuestionar la credibilidad del testigo.
"Contrario a lo dicho por el juez de primera instancia, el Tribunal de Bogotá determinó que Salazar sí actuó ilegalmente con conocimiento", señala el fallo respecto al socio de Cadena, quien había sido absuelto completamente en la sentencia anterior.
Evidencias contundentes y credibilidad de testigos
El Tribunal otorgó plena credibilidad a las grabaciones realizadas por Monsalve con un reloj espía durante las visitas de Cadena a La Picota, desestimando los argumentos de la defensa sobre posibles inconsistencias en fechas o protocolos. "Ni la falta de evidencia descarta la existencia del respectivo hecho ni el incumplimiento de tales procedimientos constituye motivo para dudar de la autenticidad de las grabaciones", afirmó la magistratura.
Respecto a Carlos Enrique Vélez, el Tribunal reconoció que el exparamilitar tiene problemas de credibilidad en otros procesos -incluso fue condenado este año en Caldas por falso testimonio-, pero determinó que "en este proceso su testimonio resulta completamente creíble". La magistratura argumentó que si las cartas de Vélez sobre supuestos intereses de Iván Cepeda fueran ciertas, al senador "se le habría revocado el auto inhibitorio" que tenía ante la Corte Suprema.
Interceptaciones que comprometen a Salazar
La participación de Juan José Salazar quedó demostrada mediante interceptaciones telefónicas de abril y mayo de 2018. En una conversación de junio de ese año, Salazar le comentó a Eurídice Cortés que "no le pudimos cumplir a Carlos con una cosita que nos pidió" y que "a nosotros lo que nos interesa fue lo que el hombre nos dio, la declaración que él nos dio".
El Tribunal enfatizó que "las evidencias que descartan que Diego Cadena simplemente haya obrado en ejercicio legítimo de su actividad como 'asesor jurídico' de Álvaro Uribe son innumerables", rechazando así la línea de defensa presentada por el abogado.
Recursos pendientes y próximos pasos
Tras esta condena, Diego Cadena puede interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que Juan José Salazar tiene la opción de presentar una impugnación especial ante el mismo alto tribunal. El fallo del Tribunal de Bogotá representa un significativo endurecimiento de la postura judicial frente a los intentos de manipulación testimonial en procesos de alta relevancia política.
Los hechos juzgados ocurrieron en un contexto de intensa polarización política, donde Cadena y Salazar buscaban testimonios que pudieran afectar investigaciones judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal ha enviado un mensaje claro sobre la ilegalidad de estas prácticas, independientemente de los intereses políticos en juego.
