La justicia avanza con el caso de corrupción en la UNGRD
El proceso judicial contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, ha tomado un rumbo definitivo tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. La justicia negó rotundamente la solicitud de preclusión presentada por su defensa legal, confirmando así que el caso avanzará hacia un juicio oral por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Ratificación de la acusación fiscal
Esta determinación de segunda instancia respalda completamente lo establecido previamente por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el pasado 4 de marzo. Ambos órganos judiciales coinciden en que el expediente cuenta con elementos probatorios suficientes para continuar con el proceso penal. La fiscal María Cristina Patiño ha sido la encargada de estructurar la acusación, sustentando su caso en una serie de movimientos financieros y contactos que, según la Fiscalía General de la Nación, estarían vinculados a la entrega de recursos a congresistas.
Desde el inicio de la investigación, Ortiz Nova ha mantenido su posición de inocencia, declarando en múltiples ocasiones: "No he participado en ninguna conducta ilegal". Sin embargo, la justicia ha determinado que existen fundamentos suficientes para llevar el caso a juicio.
Los hechos investigados
De acuerdo con la hipótesis investigativa de la Fiscalía, los eventos bajo escrutinio se remontan a octubre de 2023. En ese período, la exconsejera habría actuado como intermediaria entre Carlos Ramón González y los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. La línea investigativa sostiene que "los legisladores habrían recibido 4.000 millones de pesos a cambio de apoyar las reformas del Gobierno", alegación que será debatida exhaustivamente durante el juicio oral.
Situación actual de la acusada
Mientras se define la fecha exacta para el inicio del juicio, Sandra Ortiz permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. Su caso forma parte de la macroinvestigación que se desarrolla por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un escándalo que ha involucrado a numerosos funcionarios y dirigentes políticos de diferentes niveles.
Con la negativa a la preclusión, el proceso contra Ortiz Nova se suma formalmente a la lista de actuaciones judiciales que avanzan hacia la etapa de juzgamiento dentro de este complejo entramado de corrupción. La decisión del tribunal marca un hito significativo en la investigación del caso UNGRD, demostrando la determinación del sistema judicial colombiano para llevar ante la justicia a todos los implicados en este sonado escándalo de corrupción institucional.
