Tribunal Administrativo de Cundinamarca examina solicitud para limitar declaraciones presidenciales sobre proceso electoral
Este viernes 20 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuó con la audiencia destinada a analizar una medida cautelar que busca que el presidente Gustavo Petro se abstenga de realizar afirmaciones sin sustento probatorio sobre el sistema electoral colombiano. Durante la sesión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó sus declaraciones, argumentando que las opiniones del primer mandatario no interfieren en el normal desarrollo del proceso electoral.
Origen de la controversia: señalamientos presidenciales
La audiencia judicial se originó debido a los señalamientos que, durante varios meses, el presidente Petro ha realizado contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y contra el proceso electoral en general. Un ejemplo destacado ocurrió durante una manifestación convocada el pasado 19 de febrero en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde el jefe de Estado afirmó que existe un "100 % de riesgo de fraude electoral" para los próximos comicios.
Adicionalmente, mediante un derecho de petición presentado el 19 de marzo ante la Fiscalía General de la Nación, Petro solicitó que esta entidad respondiera, en un plazo de 15 días, a 11 preguntas sobre las determinaciones adoptadas tras la compulsa de copias del Consejo de Estado. Este pedido busca esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos durante las elecciones legislativas de 2014.
Contexto histórico: las elecciones de 2014
En las elecciones al Congreso de 2014, el partido político Mira perdió las tres curules que mantenía en el Senado, luego de la revisión de votos en más de 95.000 mesas de votación. Sin embargo, un mes antes de las elecciones legislativas de 2018, el Consejo de Estado se pronunció y devolvió a esta colectividad 16.106 votos que no les habían sido contabilizados en los comicios de 2014. Esta decisión llevó a recalcular el umbral de los partidos y permitió que recuperaran las tres curules perdidas.
Declaraciones del ministro Benedetti en la audiencia
El ministro del Interior compareció en medio de un proceso judicial iniciado mediante una acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano. Esta acción busca determinar si las afirmaciones del mandatario pueden afectar el adecuado funcionamiento del sistema electoral y la confianza ciudadana en esta función pública. El caso se encuentra bajo la responsabilidad del magistrado Luis Manuel Lasso, quien señaló que la audiencia gira en torno a los pronunciamientos del presidente en la red social X, los cuales ponen en duda la confiabilidad del sistema electoral.
Durante la audiencia, Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, interrogó al ministro Benedetti sobre si tenía conocimiento de que el software utilizado en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo es el mismo que se empleó en los comicios de 2014, y si la Registraduría Nacional había informado sobre un posible cambio del sistema para las elecciones presidenciales. El jefe de cartera aseguró que se empleará el mismo mecanismo de conteo, el cual, según sus palabras, también se utilizó en las votaciones de 2022.
Asimismo, el ministro Armando Benedetti hizo referencia al fallo del Consejo de Estado de 2018 sobre los hechos ocurridos en 2014: "Esos temas penales demuestran que usuarios ingresaron al software y borraron las entradas. Ese es el software que se va a usar para el próximo 31 de mayo".
Interrogantes sobre la influencia de las declaraciones presidenciales
Por su parte, el abogado Ramiro Bejarano preguntó al ministro Benedetti si desde el gobierno se ha advertido preocupación en editoriales y columnas de opinión sobre la incidencia de las declaraciones del presidente en el proceso electoral. El jefe de cartera respondió: "Yo diría que no, porque el sistema electoral no se ha visto comprometido por opiniones. En mi caso particular, no es en ese sentido. Esto se mide el día de las elecciones y en las urnas".
Solicitud del Ministerio Público y próximos pasos
En la primera audiencia, realizada el pasado 13 de marzo, el Ministerio Público solicitó que se ordene "la inmediata cesación de las actividades que puedan amenazar, causar o seguir ocasionando daño al derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral". Esta solicitud incluía garantizar que su prestación sea eficiente y oportuna, pidiendo al presidente de la República que, en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales, omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral. Esta petición tampoco fue resuelta durante la audiencia del 20 de marzo.
La siguiente audiencia quedó programada para el próximo martes 24 de marzo, a las 8:00 a.m., en la que el magistrado Manuel Lasso escuchará a expertos que puedan aportar elementos de análisis sobre la procedencia de la medida cautelar dentro de la acción popular que busca frenar los señalamientos del presidente Gustavo Petro en redes sociales.
