Corte Suprema formaliza investigación contra senador Alirio Barrera por presunto delito sexual
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia oficializó la apertura de una investigación formal en contra de Alirio Barrera, senador y figura clave del Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento. El proceso quedó a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda y examina una denuncia penal sobre hechos ocurridos en 2016, época en la que el político ejercía como gobernador del departamento de Casanare.
Los detalles de la denuncia que permaneció oculta casi una década
Según reveló una exclusiva de la revista Cambio, la denunciante acudió al despacho de la Gobernación hace ocho años para gestionar apoyos destinados a un evento de juventudes cristianas. El encuentro, que debía ser de carácter estrictamente institucional, habría derivado en una agresión física por parte del entonces mandatario.
"Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso", relató la mujer al citado medio.
Después del forcejeo, el entonces gobernador habría retomado la reunión con normalidad, sacó una maleta y le entregó 400.000 pesos en efectivo para la actividad que solicitaba. El supuesto temor a perder su empleo y a sufrir represalias en la región obligó a la víctima a guardar silencio durante casi una década, acudiendo a diversas prácticas para sobrellevar la situación.
El camino legal y la respuesta de la defensa
A principios de 2026, respaldada por su familia, la denunciante decidió radicar el caso ante la Fiscalía Regional del Casanare, entidad que lo remitió por competencia al alto tribunal. Desde el equipo del congresista, quien actualmente actúa como jefe de debate de la senadora Paloma Valencia, se desestimaron categóricamente los señalamientos.
Sus voceros argumentan que el caso responde a una supuesta estrategia de desprestigio orquestada por Jorge Enrique Ortiz, un exaliado que hoy figura como su principal detractor político en Casanare. Los abogados defensores recalcaron que la investigación apenas inicia y afirmaron que a la fecha no existe evidencia objetiva que corrobore la acusación, por lo que se escudan en el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
No obstante, la denunciante se anticipó a este argumento en su testimonio: "Sé que el senador se va a excusar en que es un ataque político. Pero yo sé que lo que digo es verdad, al punto de que no quise hacerlo público antes de las elecciones porque no me interesa", afirmó al medio de la exclusiva.
Complejidad legal: investigación por tierras baldías
El panorama legal de Barrera se complejiza con un expediente administrativo que se realiza al mismo tiempo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lo investiga por la presunta acumulación irregular de más de 412 hectáreas de terrenos de origen baldío en los municipios de Nunchía y Aguazul.
Las autoridades indagan si el senador consolidó su patrimonio inmobiliario logrando evadir los límites de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) mediante la adquisición y fragmentación de predios que el antiguo Incora había adjudicado originalmente a campesinos sin tierra.
Reacción política y declaraciones presidenciales
La sumatoria de ambas investigaciones generó un fuerte choque político que escaló hasta la Casa de Nariño. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones contra el legislador de la oposición, atando sus problemas judiciales a su actividad legislativa.
"Un senador del Centro Democrático presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este gobierno. ¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera? ¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?", publicó el jefe de Estado citando la noticia.
La investigación en la Corte Suprema continúa su curso mientras el senador Barrera enfrenta simultáneamente el proceso administrativo por tierras, creando un escenario legal y político de alta complejidad que mantiene en vilo al establecimiento político colombiano.
