Fiscalía imputa a sacerdote por acto sexual agravado con menor en Santander
Sacerdote imputado por acto sexual con menor de 13 años en Santander

Fiscalía presenta ante juez a sacerdote por presunta agresión sexual a menor

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un sacerdote por su presunta responsabilidad en la agresión sexual de la que fue víctima un menor de 13 años en el departamento de Santander. El religioso, quien fungía como rector de un colegio en Duitama, Boyacá, enfrenta graves acusaciones que conmocionan a la comunidad.

Los hechos ocurrieron durante misión católica en 2015

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2015 durante una misión católica organizada por el sacerdote en zona rural del municipio de Santa Helena del Opón, ubicado en la provincia de Vélez, en el sur de Santander. A esta actividad asistieron varios acólitos y personal de la institución educativa donde el religioso ejercía como rector.

"El material probatorio recopilado en la investigación estableció que el sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad e ingresó a la habitación en la que se encontraba la víctima, sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales", indicó la Fiscalía en su comunicado oficial.

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Imputación del delito y medida de aseguramiento

Una fiscal de la Seccional Santander le imputó formalmente el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El ente acusador precisó que el hombre "al parecer, aprovechó su posición de autoridad frente a la víctima para invadir su integridad y formación sexual".

El cargo no fue aceptado por el procesado, y un juez le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. El religioso fue capturado en la vereda La Florida de Duitama, Boyacá, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Antecedentes y situación dentro de la comunidad religiosa

Finalmente, se conoció que este hombre contaba con una suspensión al interior de la comunidad religiosa a la que pertenece, lo que sugiere que existían antecedentes o investigaciones previas sobre su conducta. Las autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios para fortalecer el caso.

Este caso se suma a otros similares que han sido denunciados en diferentes regiones del país, donde se evidencia el abuso de autoridad y la vulneración de derechos de menores en entornos que deberían garantizar su protección y bienestar.

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