El medio de comunicación especializado en memoria histórica, Rutas del Conflicto, junto con los periodistas Óscar Parra y Andrea Aldana, serán reconocidos como víctimas por la Fiscalía en el marco de un macroexpediente por interceptaciones ilegales a medios de comunicación y defensores de derechos humanos realizadas por el Ejército Nacional. Así lo establece un reciente fallo de tutela de la Corte Constitucional, que marca un precedente en la protección de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas en Colombia.
Decisión de la Corte Constitucional
El alto tribunal determinó que la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales de los periodistas y del medio al negarles el reconocimiento como víctimas dentro de la investigación por perfilamientos ilegales llevados a cabo desde el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta negativa representó un obstáculo en el acceso a la justicia y limitó su derecho a participar activamente en el proceso penal. La Corte concluyó que dicha actuación desconoció garantías esenciales como el debido proceso y el acceso a la información.
Antecedentes del caso
El caso involucra a la periodista Andrea Aldana, al periodista Óscar Parra y al medio Rutas del Conflicto, quienes solicitaron ser acreditados como víctimas al considerar que fueron afectados directamente por actividades de inteligencia y perfilamiento relacionadas con su trabajo periodístico. Las interceptaciones ilegales se realizaron en 2019 desde dos batallones del Ejército, según informes de la revista Semana en artículos como Chuzadas sin Cuartel y Las Carpetas Secretas.
Importancia del fallo
En su análisis, la Corte Constitucional advirtió que el periodismo cumple una función esencial dentro de la democracia y que cualquier afectación a la labor informativa puede tener un impacto directo sobre el derecho de la sociedad a estar informada. Por ello, el tribunal resaltó la necesidad de garantizar medidas reforzadas de protección. Para la FLIP, el fallo constituye un avance importante en la lucha contra la impunidad en casos de ataques contra la prensa, fortaleciendo la participación de los periodistas en investigaciones que buscan establecer responsabilidades sobre actos de vigilancia y persecución indebida.
Medidas ordenadas
La Corte ordenó a la Fiscalía adoptar las medidas necesarias, incluyendo una nueva evaluación, para garantizar plenamente los derechos de Andrea Aldana, Óscar Parra y Rutas del Conflicto dentro del proceso, permitiéndoles ejercer su papel como víctimas y acceder a la información relacionada con la investigación. El fallo también revive el debate sobre la necesidad de mayores controles institucionales frente a prácticas de perfilamiento y seguimiento a comunicadores, especialmente en contextos de investigación periodística sobre conflicto armado, corrupción y violaciones a derechos humanos.
Sanciones disciplinarias previas
La Procuraduría, en una decisión de mayo de 2025, emitió una sanción disciplinaria contra miembros del Ejército Nacional por los perfilamientos ilegales a estos periodistas. El Ministerio Público encontró responsables a nueve militares por haber utilizado herramientas de inteligencia para recolectar información personal y profesional de más de 130 personas, sin sustento legal y por fuera de los fines legítimos de seguridad nacional. Entre los sancionados se encuentra el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, entonces comandante del Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá, quien recibió seis meses de suspensión e inhabilidad.
También fueron sancionados el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, los coroneles Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros y Hugo Armando Díaz Hernández, además de los mayores Mauricio Quintero Arias y Eduardo de la Torre Díaz, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo. La Procuraduría concluyó que los uniformados se extralimitaron en sus funciones al ordenar y ejecutar actividades de perfilamiento contra periodistas como María Alejandra Villamizar, Andrea Aldana y el propio medio Rutas del Conflicto.
Reacciones y críticas
El caso cobró especial relevancia en Colombia porque las labores de inteligencia incluyeron información sobre viviendas, familias, redes sociales y movimientos de los comunicadores, lo que fue interpretado como una forma de intimidación directa y criminalización de la prensa desde la Fuerza Pública. Aunque la decisión disciplinaria fue valorada como un avance por organizaciones como la FLIP, varios de los afectados cuestionaron la levedad de las sanciones, que no superaron los seis meses de suspensión, y advirtieron que aún falta que la justicia penal establezca responsabilidades por uno de los episodios más graves de vigilancia contra periodistas en Colombia.
