Procuraduría sanciona a funcionarios de la SIC por extracción irregular de datos en la Registraduría
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto sanciones disciplinarias de primera instancia a dieciséis funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades cometidas durante inspecciones realizadas en marzo de 2024 a la Registraduría Nacional y la Cancillería. El fallo disciplinario ordena medidas severas que incluyen multas económicas e inhabilidad absoluta para firmar contratos con el Estado por un periodo de cinco años.
Acceso irregular a información sensible
Durante las diligencias de inspección, los funcionarios de la SIC accedieron y extrajeron información de equipos institucionales y personales, en medio de averiguaciones sobre los procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons. En un documento de 215 páginas, el Ministerio Público detalló cómo los implicados solicitaron acceso a computadores de dotación y a dispositivos móviles de directivos y trabajadores en ambas entidades.
La actuación disciplinaria concluyó que la acción de recaudo de información, cuyo fin inicial era verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica, superó los límites legales y excedió el objeto de la averiguación preliminar. Esto desencadenó múltiples quejas por la posible vulneración de derechos fundamentales de los afectados.
Procedimientos técnicos cuestionados
El ente de control señaló que en las instalaciones de la Registraduría, los delegados estatales elaboraron copias de seguridad y ejecutaron procedimientos técnicos denominados "espejos forenses", sobre terminales que albergaban información altamente sensible. Entre los archivos extraídos de forma masiva durante la diligencia, la investigación identificó:
- Datos pertenecientes al censo electoral de la nación
- Historiales clínicos privados de ciudadanos
- Diversos registros amparados por reserva legal
Esta información no guardaba relación directa con los procesos de contratación que estaban siendo investigados, según determinó la Procuraduría en su fallo.
Defensa de la SIC y sanciones impuestas
En su momento, la SIC, en cabeza de la superintendente Cielo Rusinque, defendió las visitas adelantadas por sus funcionarios, indicando que ese tipo de diligencias se fundamentan en el marco legal y constitucional. "Se seguirán desarrollando para el cumplimiento cabal de nuestras funciones en beneficio del interés general de los colombianos y colombianas", dijo la superintendente a través de una publicación en su cuenta de X.
Sin embargo, el fallo disciplinario ordenó medidas severas contra los responsables de las visitas administrativas, recayendo la principal sanción sobre el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez. A este exdirectivo de la Superintendencia se le impuso una suspensión y una inhabilidad por un término exacto de doce meses.
Entre tanto, a varios de los contratistas participantes del operativo se les castigó con:
- El cobro de multas económicas significativas
- Una inhabilidad absoluta para firmar contratos con el Estado
- La prohibición de cinco años para participar en procesos estatales
Colaboración con los órganos de control
En el mismo mensaje publicado el 19 de marzo de 2024, Rusinque avaló la investigación anunciada por la Procuraduría. "En cumplimiento a nuestro deber de transparencia y colaboración con los órganos de control, estamos completamente dispuestos a ofrecer todas las explicaciones, informaciones y requerimientos que solicite la Procuraduría", precisó la superintendente.
Entre los sancionados identificados por medios de comunicación se encuentran Mario Alejandro Franco Vanegas, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemí Rodríguez Pombo, Karen Vanessa Angulo Sogamoso y José Miguel Moreno Reina.
Este caso marca un precedente importante en el control de las actuaciones de los organismos estatales durante procesos de inspección, especialmente en lo relacionado con la protección de datos personales y la información sensible de los ciudadanos colombianos.
