Hasta la semana pasada no se conocía la postura de la Casa de la Moneda de Portugal en el proceso judicial que cuestiona el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. Sin embargo, el pasado 21 de abril, a través de su apoderado, la entidad extranjera intervino oficialmente en una de las dos demandas que buscan tumbar el convenio.
Portugal pide no suspender el convenio
EL TIEMPO conoció en exclusiva el memorial presentado por Portugal, en el que defiende la legalidad de su actuación, solicita negar la medida cautelar y advierte un punto sumamente importante: que no existe un plan alternativo en caso de que se frene la implementación del nuevo esquema promovido junto a la Imprenta Nacional, y con un costo de 1,3 billones de pesos.
El memorial fue enviado al despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, que lleva el expediente del accionante Nicolás Dupont ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Lo que está en juego
Lo que determine este despacho será crucial para la puja que dio el gobierno del presidente Gustavo Petro en el convenio para los pasaportes. En repetidas ocasiones, el mandatario insistió en que tenía que quitársele el negocio de la expedición a la empresa Thomas Greg. Petro logró su cometido cuando, pese a que la compañía cumplió los requisitos para volverse a ganar el contrato, no se lo adjudicó y presentó un nuevo modelo, en el que Portugal trabajará de la mano con la Imprenta Nacional.
El cambio hoy tiene en juicio ante la Corte Suprema de Justicia al excanciller Álvaro Leyva. Asimismo, hay una investigación disciplinaria en la Procuraduría contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, y contra el exjefe de despacho presidencial Alfredo Saade.
Los argumentos de Portugal
A través del abogado Felipe de Vivero Arciniegas, la Casa de la Moneda sostiene que, como entidad de derecho público, todas sus acciones se ajustan a la ley y no comprometen ni el patrimonio público ni la moralidad administrativa.
Además, en su intervención Portugal cuestiona de fondo la solicitud del demandante, al señalar que está basada en “meras conjeturas” y no en pruebas que permitan demostrar una vulneración real de derechos colectivos.
Uno de los principales argumentos de su defensa es que existe una falta de coherencia entre la demanda y la medida cautelar solicitada. Mientras la acción popular invoca la protección de derechos como la moralidad administrativa, el patrimonio público y la eficiencia en la prestación del servicio, la medida busca suspender el modelo con base en una supuesta afectación a la libre competencia, un punto que —según la entidad— no hace parte central de las pretensiones.
“La simple lectura evidencia la discordancia entre la demanda y la medida preventiva”, señala el documento, que advierte que este solo hecho sería suficiente para negar la solicitud.
La Casa de la Moneda también rechaza que exista una violación a la libre competencia, y recuerda que la contratación directa es un mecanismo legal en Colombia y que su uso no implica, por sí mismo, una afectación a ese derecho colectivo. A su juicio, el demandante se limita a afirmar que se excluyó al sector privado y que hubo discrecionalidad en la elección del aliado estratégico, sin demostrar una amenaza real.
Riesgo de suspensión
En cuanto al riesgo sobre la prestación del servicio de pasaportes, la entidad sostiene que no hay evidencia que respalde un eventual colapso o afectación en la continuidad. Por el contrario, advierte que suspender el nuevo modelo sí podría generar un impacto negativo, al dejar al país sin un esquema claro para garantizar la expedición de estos documentos.
“Todo lo contrario. Conceder la medida cautelar pone en verdadero riesgo el servicio, porque no hay un plan sustituto que sea procedente”, señala el escrito.
Finalmente, la entidad concluye que no se cumplen los requisitos legales para decretar la medida cautelar, al no acreditarse ni la apariencia de buen derecho ni el peligro en la demora, y le pide al juez que permita que el proceso continúe sin suspender el nuevo esquema.
El segundo proceso en el Tribunal
El caso que lleva el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón no es el único en relación al convenio de pasaportes. En el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca se está analizando la demanda que en octubre del año pasado interpuso la Procuraduría, en la que también busca tumbar el contrato.
Según esta entidad, el convenio debe caerse porque la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda al parecer solamente pusieron el 21 % del valor del negocio por 1,3 billones de pesos, lo cual no se ajustaría al mínimo del 50 % de financiación que deben tener estos acuerdos internacionales.
Ese tipo de irregularidades se estudian en el despacho del magistrado José Élver Muñoz, quien hace unas semanas le solicitó a la Procuraduría que le ayude a tramitar la carta rogatoria para obtener una respuesta oficial desde Portugal, la cual podría ir en el mismo sentido de la aportada al magistrado Mazabel.
Una vez la magistratura estudie la postura entregada por la Casa de la Moneda, procederá a analizar si se cumplen o no los criterios para conceder una medida cautelar, que podría desatar una crisis en la expedición de pasaportes al no existir un plan alternativo; o si por el contrario, niega la medida provisional y pasa a examinar de fondo los argumentos de cada una de las demandas.
