Nueva fecha para imputación de Juliana Guerrero por presuntos títulos falsos
El Complejo Judicial de Paloquemao ha establecido una nueva fecha para la imputación en contra de Juliana Guerrero, la joven que habría presentado dos títulos académicos falsificados en su aspiración por alcanzar el cargo de Viceministra de las Juventudes durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La diligencia judicial quedó programada para el próximo 26 de marzo a las 3:00 de la tarde, según confirmaron fuentes judiciales este viernes.
Antecedentes del caso y ausencias previas
La Fiscalía General de la Nación acusa a Guerrero de haber cargado al Sistema de Información para la Gestión y el Control de los Recursos Públicos (Sigep) un título de tecnóloga y otro de contadora pública emitidos por la Fundación San José, pese a que existirían irregularidades sustanciales en la obtención de ambos documentos académicos. Por esta razón, la entidad investigadora la citó a imputación hace varias semanas.
La Judicatura había agendado inicialmente la primera audiencia de imputación para el 27 de febrero, cita a la que no se presentó la implicada ni tampoco asistió su abogado defensor. Posteriormente, se programó una segunda fecha para el martes 10 de marzo, día en el que Guerrero tampoco compareció ante las autoridades judiciales.
Solicitud de plazo y advertencia judicial
Ante sus reiteradas ausencias, Juliana Guerrero envió una comunicación escrita a la Fiscalía solicitando más tiempo para preparar su defensa, argumentando que no contaba con un abogado de confianza que la representara adecuadamente en el proceso. La jueza a cargo del caso concedió el plazo solicitado, pero advirtió que de todas formas ya se había designado una defensora pública en caso de que la joven volviera a faltar a la audiencia.
Un aspecto que generó particular atención durante la audiencia del 10 de marzo fue que la fiscal Jessica Montealegre, responsable de la investigación, retiró formalmente la solicitud de imponer una medida de aseguramiento domiciliaria contra Guerrero. La funcionaria explicó que, tras realizar un análisis exhaustivo, determinó que no se cumplían los requisitos jurídicos necesarios para aplicar dicha medida restrictiva.
Implicados adicionales y posibles consecuencias
La imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público no solo incluye a Juliana Guerrero, sino también a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, quien presuntamente habría estado directamente involucrado en la entrega de los títulos académicos falsificados a la aspirante al viceministerio.
Expertos jurídicos consultados por medios nacionales han señalado que, en caso de que Guerrero no se presente a la nueva audiencia programada para el 26 de marzo, podría ser declarada en contumacia. Fabio Humar, especialista en derecho penal, explicó que este procedimiento consiste en la posibilidad de continuar con el proceso penal cuando la persona, debidamente notificada, no comparece ante la justicia.
"De no comparecer Guerrero, la Fiscalía debe iniciar un proceso que se denomina contumacia, que consiste en la posibilidad de continuar con el proceso penal cuando la persona, debidamente notificada, no se presenta. Es decir, el proceso continúa bajo la premisa de que la persona sabe y conoce de la existencia del proceso, pero deliberadamente no comparece", precisó el experto.
Contexto del caso y relevancia institucional
Este caso ha generado amplio interés público debido a que Juliana Guerrero aspiraba a un cargo de alta responsabilidad dentro del gobierno nacional, específicamente en el Viceministerio de las Juventudes, posición que requeriría demostrar idoneidad académica y profesional. La presunta utilización de documentos falsificados para acceder a cargos públicos representa una grave afectación a la transparencia y legitimidad de los procesos de selección en la administración estatal.
La investigación se desarrolla en un contexto donde la Fiscalía General ha intensificado sus esfuerzos para combatir la corrupción y el fraude documental en procesos de contratación y selección de personal público. El caso de la Fundación San José ha revelado posibles vulnerabilidades en los sistemas de verificación de credenciales académicas utilizados por entidades estatales para evaluar la idoneidad de aspirantes a cargos públicos.
