El Consejo de Estado negó las solicitudes de pérdida de investidura presentadas contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, relacionadas con el traslado de personas privadas de la libertad al acto público realizado el 21 de junio de 2025 en La Alpujarra, Medellín, junto al presidente Gustavo Petro, conocido como el ‘tarimazo’.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Decisión que estudió dos demandas acumuladas en las que se alegaban las causales de violación del régimen de incompatibilidades y tráfico de influencias debidamente comprobado. Los accionantes sostenían que la congresista habría intervenido ante el Inpec para gestionar la salida de internos identificados como voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Dentro del expediente quedó incorporada la comunicación remitida por Zuleta al director del Inpec. En ese documento señaló: “En calidad de Coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá (…) me dirijo a usted para solicitar que autorice el traslado de Personas Privadas de la Libertad para participar en la presentación del Informe de Seguimiento a los ‘Compromisos para la Superación de las Violencias Contra la Sociedad Civil’”.
Posteriormente, el Inpec expidió la Resolución 5208 del 19 de junio de 2025, mediante la cual ordenó la remisión de los internos y dispuso que “deberán ser regresados a su lugar de origen de inmediato, una vez culminen las diligencias señaladas”.
Análisis del Consejo de Estado
El alto tribunal señaló que “las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec”, servidor público a quien solicitó, mediante oficio, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República.
Sobre el presunto tráfico de influencias, la Sala concluyó que no existían pruebas de que la senadora hubiera usado su condición parlamentaria para influir en funcionarios del Inpec. La sentencia indicó que “la parte accionada aludió a su condición de coordinadora del espacio de conversación socio jurídico (…) y no a la de congresista”. También sostuvo que “tampoco se probó que existió influjo sicológico alguno” derivado de su investidura.
Cargo por incompatibilidades
Frente al cargo por incompatibilidades, el Consejo de Estado reconoció que hubo una gestión concreta ante una entidad pública, pero concluyó que no perseguía intereses privados. El fallo señaló que “la gestión realizada por la accionada ante el Inpec no tenía el propósito de obtener un beneficio propio o de un tercero”, pues obedeció al cumplimiento de normas relacionadas con la paz y con la posibilidad de adelantar diálogos con estructuras criminales de alto impacto.
En la parte resolutiva, el Consejo de Estado dispuso: “negar las solicitudes de pérdida de investidura de la senadora de la República Isabel Cristina Zuleta López, elegida para el período constitucional 2022-2026”.
También ordenó comunicar la decisión al Senado, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, el proceso continúa dentro de las etapas judiciales previstas por la ley.
