Movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad surge ante polémica por denuncias de cartelización
En medio del intenso debate generado por las acusaciones de Asobancaria sobre un presunto 'cartel de la insolvencia', la Federación Colombiana de Centros de Conciliación (Fedecentros) y Alternativas Pacíficas para la Gestión de Conflictos (APG) han lanzado formalmente el movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad. Esta iniciativa busca defender la legitimidad y funcionamiento del sistema de insolvencia de persona natural no comerciante, mecanismo que según las organizaciones está siendo injustamente estigmatizado.
Cifras oficiales contradicen narrativa de problema generalizado
El movimiento presenta datos contundentes del Ministerio de Justicia y del Derecho, obtenidos a través del sistema SICAAC, que revelan una realidad muy diferente a la planteada en las denuncias:
- Existen 156 centros autorizados para tramitar procesos de insolvencia en Colombia
- Solo un centro ha sido sancionado, representando apenas el 0,64% del total
- De 18.728 procesos tramitados en 2025, únicamente se identifican:
- Tres abogados sancionados
- Dos centros mencionados
- Tres casos de deudores
- Esto equivale a un mínimo 0,016% de irregularidades sobre el total anual
"El debate necesita datos y buenas prácticas, no generalizaciones", señalaron las organizaciones, advirtiendo que afirmaciones sin sustento pueden deteriorar la confianza en un mecanismo clave para la protección de derechos fundamentales.
Crecimiento exponencial y función social del sistema
El movimiento destaca el crecimiento sostenido del mecanismo de insolvencia en Colombia, que ha experimentado una expansión extraordinaria:
Desde 422 solicitudes en 2016 hasta 18.728 en 2025, multiplicándose por 44 veces en menos de una década. Este aumento refleja la consolidación del sistema como herramienta legal para que personas naturales puedan reorganizar sus deudas, evitando escenarios de exclusión financiera o sobreendeudamiento extremo.
"Detrás de cada número hay una persona y su familia que eligieron el camino legal para responder por sus obligaciones", subrayaron las organizaciones, enfatizando el impacto social positivo del mecanismo.
Cuestionamiento jurídico al término "cartel"
Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento es la precisión jurídica sobre el uso del término 'cartel'. Las organizaciones explican que este concepto no tiene definición expresa en el ordenamiento legal colombiano y suele asociarse al delito de concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal.
Este delito exige demostrar:
- Existencia de una organización criminal estructurada
- Permanencia en el tiempo
- Fines delictivos claramente establecidos
Hasta la fecha, no existen sentencias condenatorias en firme que acrediten la existencia de una estructura de este tipo en el sistema de insolvencia, lo que según las organizaciones hace técnicamente impreciso el uso del término.
Reconocimiento de malas prácticas y llamado a regulación
Pese a su defensa del sistema, Fedecentros y APG reconocen abiertamente la existencia de malas prácticas que deben ser sancionadas. María Mercedes García Perdomo, directora de APG y presidenta de Fedecentros, fue enfática: "No estamos defendiendo a quienes obran mal, los señalamos con claridad".
Entre las prácticas identificadas se encuentran:
- Asesores que promueven el no pago de obligaciones
- Centros que reducen estándares para captar casos
- Comportamientos que afectan la credibilidad del sistema
Sin embargo, García Perdomo insistió en que estos casos aislados "no justifican la estigmatización generalizada" y cuestionó: "No podemos aceptar que se instaure el discurso de que existe un 'cartel de la insolvencia' cuando solo hay un centro sancionado en todo el país".
Convocatoria a discusión técnica basada en evidencia
El movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad busca convocar a actores públicos y privados a una discusión técnica basada en evidencia, en lugar de narrativas que según los promotores afectan el acceso a la justicia de personas en crisis financiera.
Las organizaciones advierten que la estigmatización del sistema puede tener consecuencias graves: alejar a deudores de buena fe de soluciones legales, debilitar la función social de la insolvencia y generar desconfianza en un mecanismo que ha demostrado ser efectivo para miles de colombianos.
