El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechazó categóricamente los señalamientos del Gobierno nacional en el caso del menor Kevin Array Acosta Pico y negó haber ocultado información relevante. La entidad explicó que no tiene facultad legal para divulgar necropsias sin una orden judicial previa, y defendió su actuación ante las críticas oficiales.
Respuesta a las declaraciones presidenciales
La respuesta de Medicina Legal se produce luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego cuestionara la entrega del informe forense. El director general del Instituto, Ariel Emilio Cortés, afirmó: "El instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales". Con esta declaración, la entidad desmintió cualquier interpretación sobre una supuesta retención deliberada del documento.
Marco legal de la actuación
Medicina Legal enfatizó que su actuación se rige estrictamente por el ordenamiento jurídico vigente y su rol como auxiliar de la justicia. Los resultados de las necropsias solo se remiten a las autoridades competentes que adelantan las investigaciones. La información forense forma parte de procesos judiciales y su acceso está regulado por normas estrictas que limitan su divulgación sin autorización judicial.
Solicitud del Ministerio de Salud
En el desarrollo del caso, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó el 4 de marzo la historia clínica y el informe de necropsia del menor. La solicitud fue respondida conforme a la ley, sin que ello implicara la entrega directa del documento. Posteriormente, el 25 de marzo, el Ministerio interpuso una acción de tutela por presunta vulneración del derecho de petición, evidenciando un desacuerdo institucional sobre los canales y condiciones para acceder a la información.
Decisión judicial respalda a Medicina Legal
El caso avanzó a instancia judicial y el 14 de abril se conoció la decisión correspondiente. El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por el Ministerio de Salud, respaldando la actuación del Instituto. Este fallo valida que la entrega de necropsias no depende de solicitudes administrativas, sino de decisiones judiciales dentro de investigaciones en curso.
Defensa de la misión institucional
En su comunicación, la entidad también defendió su misión institucional y su marco de actuación. Subrayó que presta servicios forenses sustentados en la investigación científica, con criterios de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana. El pronunciamiento se da en un contexto de alta visibilidad mediática del caso del menor, donde la referencia a un supuesto ocultamiento del informe generó cuestionamientos públicos.
Independencia técnica y legal
Medicina Legal insistió en que su rol no incluye divulgar información por fuera de los procedimientos establecidos. "Esto solo se entrega a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones", indicó la entidad, recalcando que cualquier entrega de resultados debe estar mediada por una orden judicial y dirigida a las autoridades competentes. Con esta precisión, el Instituto cerró su respuesta, reiterando que su actuación se mantiene dentro del marco legal sin excepciones ni discrecionalidad. La entidad concluyó defendiendo su independencia técnica frente a presiones externas, dejando claro que no existe ocultamiento, sino cumplimiento de la ley en un proceso que sigue su curso dentro del sistema de justicia.
