Condena histórica contra exjefe paramilitar por crímenes en La Guajira
Un tribunal colombiano ha impuesto 40 años de prisión a Salvatore Mancuso, reconocido exjefe paramilitar, por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra pueblos indígenas del departamento de La Guajira entre 2002 y 2006. La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes la sentencia, que representa uno de los fallos más significativos contra estructuras paramilitares en el Caribe colombiano.
La sombra persistente de la impunidad estructural
A pesar de esta condena, el panorama judicial colombiano sigue marcado por niveles alarmantes de impunidad. En un país donde más del 90% de los homicidios quedan sin resolver, las conversaciones con victimarios como Mancuso se convierten, paradójicamente, en una de las pocas vías para reconstruir la verdad histórica. La reciente petición de Mancuso para hablar con el presidente Petro pasó casi inadvertida, en medio del desprestigio que atraviesa la política de Paz Total.
Desde diversos sectores se insiste en que dialogar con actores armados como Mancuso equivale a abrirle la puerta a la impunidad. Esta postura encuentra respaldo en escenas que erosionan cualquier narrativa de justicia, como las recientes fiestas en cárceles de Itagüí. Sin embargo, esta incomodidad moral no resuelve el problema de fondo: miles de crímenes siguen sin esclarecerse, y cuando algo se logra saber, no suele ser por la capacidad investigativa del Estado, sino porque los perpetradores deciden hablar.
Casos emblemáticos que ilustran la crisis
El atentado contra el excongresista y líder sindical Wilson Borja en 2002 ejemplifica esta tragedia judicial. Borja fue baleado en Bogotá y murió hace dos años, 23 años después del ataque, sin conocer quién dio la orden. Aunque hubo dos condenas y se estableció una alianza criminal entre estructuras de Carlos Castaño y sectores estatales, los máximos responsables nunca fueron identificados ni castigados.
Este no es un caso aislado. En otros crímenes vinculados a Mancuso, como:
- Las masacres de El Aro, La Granja y Mapiripán
- El despojo sistemático de tierras en Córdoba y Urabá
- Asesinatos de líderes sociales y sindicales
- El crimen de Jesús María Valle
La responsabilidad se diluye en categorías genéricas mientras persisten tres niveles de impunidad:
- Penal: No todos los responsables han sido condenados
- Estructural: No se han esclarecido las redes políticas, económicas y militares
- Histórica: Aún hay mucho por conocer sobre el fenómeno paramilitar
La verdad en boca de los victimarios
En este contexto, para muchas víctimas la verdad no reside en los expedientes judiciales sino en la voz de quienes cometieron los crímenes. La familia de Wilson Borja lo ha expresado claramente: en medio de tanta impunidad, la única posibilidad de saber qué ocurrió realmente es que Mancuso hable. Que revele lo que el sistema judicial no ha podido reconstruir a través de sus mecanismos tradicionales.
Una tragedia judicial similar fue reconocida por Juan Fernando Cristo cuando defendía los diálogos con el ELN: su expectativa era saber por qué ordenaron matar a su padre. Esta era su única esperanza, pues ni siquiera su cercanía a presidentes y fiscales le había proporcionado esa respuesta.
Balance desolador de la justicia transicional
Según balances oficiales de la justicia transicional, menos del 30% de los crímenes confesados por Mancuso han tenido un desenlace judicial. El resto permanece en zonas oscuras, sin investigación ni sanción. Esta realidad plantea un dilema ético y práctico: mientras es fácil oponerse a que hablen los victimarios, resulta extremadamente difícil ofrecer una alternativa real para conocer la verdad completa.
En contextos de altísima impunidad como el colombiano, el silencio protege a los responsables y la memoria histórica pasa a depender, en última instancia, de quienes cometieron los crímenes. Por esta razón, para muchas víctimas y para la reconstrucción del tejido social, el llamado sigue siendo claro y urgente: ¡Que hable Mancuso!
