La Justicia Colombiana Falla en Resolver el Impuesto al Patrimonio: Empresarios y Universidades en Riesgo
Para nadie es un secreto las graves dificultades que enfrentan los empresarios colombianos y las universidades privadas del país, junto con cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro, debido al impuesto al patrimonio implementado mediante decreto por el Gobierno Nacional. Este gravamen, de carácter confiscatorio, ha generado profundas dudas sobre su constitucionalidad, especialmente porque nació a través de decretos de emergencia económica que requieren una pronta validación judicial.
Un Contexto Económico y Jurídico Complejo
El contexto económico y jurídico actual exige una resolución inmediata por parte de la Corte Constitucional para garantizar la seguridad jurídica en Colombia. Desafortunadamente, la justicia cojea y nada que llega, evidenciando una falta crónica de eficiencia y oportunidad en sus decisiones. Como lo demuestran las estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia, el país sufre la ineficiencia de un aparato judicial sobrecargado y lento.
Cada año, en promedio, más de cinco mil presos obtienen la libertad debido al vencimiento de términos procesales, y el índice de congestión judicial supera el 58% en años recientes, situando a Colombia entre los cinco países con mayor sobrecarga judicial en la región. Las razones de esta mora son diversas, y las soluciones implementadas hasta la fecha han resultado fallidas.
Fórmulas Fallidas y Transferencia de Competencias
Desde hace varios años, se han experimentado con distintas fórmulas para aliviar la carga judicial, muchas de las cuales han trasladado la administración de trámites importantes a entidades del ejecutivo. Casos de insolvencia, protección al consumidor, conflictos por competencia desleal y asuntos societarios, entre otros, han sido entregados a superintendencias, lo que ha afectado la integridad e independencia de la rama judicial.
Además, esta transferencia ha trasladado la mora judicial a las superintendencias, haciendo que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Más allá de las discusiones que esto genera, el problema de la mora judicial persiste y se ha normalizado hasta el punto de que ya ni siquiera es un tema prioritario en la agenda nacional.
Preocupación en el Análisis de Constitucionalidad
La mora judicial es especialmente preocupante en el análisis de la constitucionalidad y legalidad de las normas expedidas por el ejecutivo. En un país sometido al abuso constante de las facultades reglamentarias del gobierno, así como al uso y abuso de los estados de excepción, es esencial contar con un aparato judicial que responda de manera eficiente y oportuna a los interrogantes que surgen con estas normas.
Esto es crítico cuando se ha convertido en regla utilizar estos mecanismos para imponer tributos vía decreto, evitando la vía legislativa y exigiendo pagos en plazos muy cortos. Esta situación se aprovecha de la ineficiencia de nuestro sistema judicial, creando un ciclo perjudicial para la estabilidad jurídica.
Falta de Resolución Oportuna en el Impuesto al Patrimonio
En este contexto, no es entendible ni admisible que las cortes se hayan ido de vacaciones sin resolver las discusiones generadas por el impuesto al patrimonio. Aunque en los últimos años la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han actuado como guardianes efectivos de la Constitución y la ley, conteniendo intentos del Gobierno de violar el orden jurídico, en este caso la justicia colombiana no llegó de manera oportuna.
Parece no haber importado que el primero de abril se materializaran los efectos de los decretos espurios, obligando a empresarios y universidades a pagar un tributo confiscatorio que afecta directamente su capacidad para generar valor para el país. El resultado es que muchos de ellos están pensando en fórmulas para disponer de los recursos a pagar, lo que podría llevar a más desempleo, proyectos postergados o cancelados, y mayores niveles de inseguridad jurídica.
La Necesidad de Legitimidad y Confianza
La justicia necesita recuperar su legitimidad y ganarse la confianza del pueblo colombiano, algo que solo se logra a través de la eficiencia, con decisiones oportunas y justas. En este caso, como en muchos otros, no obtuvimos esa respuesta, dejando a empresarios y universidades en un limbo legal que amenaza la estabilidad económica y educativa del país.
Es imperativo que el sistema judicial colombiano aborde estas deficiencias estructurales para evitar que situaciones similares se repitan, garantizando un entorno seguro y predecible para la inversión y el desarrollo nacional.
