El conflicto entre dos facciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tunja ha escalado a los tribunales. Ahora, la entidad mercantil, a través de Confecámaras, planea solicitar una revisión del caso ante la Corte Constitucional, debido a las dudas que han surgido tras los fallos emitidos por el juzgado de la capital boyacense.
Pregunta al juez sobre el cumplimiento del fallo
Respetando la justicia pero evidenciando su descontento, la junta directiva ha solicitado al Juez Cuarto Civil Municipal Oral de Tunja, William Fernando Cruz Soler, que aclare si la única vía para cumplir el fallo es el retorno de John Jairo Martínez a la presidencia de la entidad. El juez había emitido un fallo de desacato de tutela contra seis integrantes de la junta directiva la semana pasada.
La pregunta pone en una situación compleja al togado, considerando que en el fallo inicial de la juez Claudia Esperanza Casas Tobito se lee: “Tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante, vulnerados por la decisión de la Junta Directiva de removerlo del cargo de Presidente Ejecutivo sin realizar la ponderación constitucional exigida, y ordenar a la Cámara de Comercio de Tunja que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre al señor John Jairo Martínez Álvarez al cargo de Presidente Ejecutivo o a uno de igual o superior jerarquía”.
La junta optó por crear un nuevo cargo
Desde la junta directiva señalaron a EL TIEMPO que eligieron la segunda opción del numeral tercero del fallo: reintegrar a Martínez a un cargo de igual jerarquía. Para ello, realizaron una junta directiva extraordinaria en la que se creó el cargo de Director General Corporativo, con un nivel jerárquico similar al de presidente ejecutivo. Este nuevo puesto se encargaría de funciones administrativas y de gestión que requieren un liderazgo especial.
Sin embargo, el juez Cruz Soler consideró que la mayoría de los integrantes de la junta directiva no ha cumplido con el fallo de tutela. La orden judicial buscaba restablecer los derechos del expresidente en un cargo de igual, similar o superior jerarquía al que ostentaba cuando fue relevado.
Sanciones por desacato
El fallo de desacato, de 15 páginas, establece: “Incurrieron en desacato del ordinal tercero de la sentencia que, en sede de segunda instancia, el pasado 13 de abril de 2026 profirió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor John Jairo Martínez Álvarez y, como consecuencia de lo anterior, sancionar con multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor que deberá ser consignado dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a favor del Consejo Superior de la Judicatura, por cada uno de los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tunja”.
Los sancionados son: Aida Milena Leguizamón, Israel Romero, Rafael Cortés Páez, Euclides Rivera, Melquicedec Galindo y Juan Camilo Ojeda. El juez también ordenó a la junta directiva cumplir estrictamente con el ordinal tercero de la sentencia de segunda instancia del 13 de abril de 2026.
Junta directiva dividida por el poder
La junta directiva está dividida: seis miembros eligieron a Sergio Armando Tolosa Acevedo como nuevo presidente ejecutivo hace tres meses, mientras que los otros tres han interpuesto acciones judiciales para que Martínez regrese a la presidencia. Los sancionados ahora buscarán que la Corte Constitucional revise tanto el fallo final como el caso completo.
Según ellos, de las dos tutelas presentadas por Martínez y los otros tres integrantes de la junta para reintegrar al expresidente, tres fallos fueron en contra y solo uno a favor. “No es cierto que el cargo de Director General Corporativo sea un subordinado del presidente ejecutivo, pero además lo que le ampararon fueron los derechos al mínimo vital, con un salario de 16 millones de pesos, y a la seguridad social. Pero además, con la mejor oficina que tiene la Cámara de Comercio en Tunja, lo que se interpreta son otras razones que Martínez tendría en su insistencia”, aseguró el abogado de la junta directiva.
Por su parte, Sergio Armando Tolosa, quien ocupa la presidencia ejecutiva desde el 12 de febrero, también presentó acciones para proteger sus derechos. Tolosa afirmó que terminó en medio de un rifirrafe jurídico en el que no tiene responsabilidad, pero del que ha sido víctima, especialmente en su reputación. Mencionó su exitoso periodo anterior como presidente entre 2005 y 2011.
Origen del conflicto
El problema comenzó el 12 de febrero, cuando la junta directiva decidió retirar a John Jairo Martínez de la presidencia ejecutiva, tras una evaluación de resultados y un escándalo por un presunto hallazgo fiscal de la Contraloría General de la República. Martínez ocupaba el cargo desde octubre de 2024. Según la Contraloría, entre 2020 y 2024 se habría dado un presunto detrimento patrimonial de más de mil millones de pesos en un contrato de subarrendamiento del inmueble Pozo de Donato, propiedad de la UPTC, donde funciona Pizza Nostra.
Un miembro de la junta directiva, que pidió reserva de su nombre, enfatizó que el fallo del juez no exige el regreso exclusivo a la presidencia. Argumentó que la Cámara ya tiene un presidente y que, lógicamente, solo hay un presidente ejecutivo, representante legal y ordenador del gasto. Aseguró que Martínez no reclamaba un mínimo vital, sino que buscaba regresar “a las malas” a un cargo del que fue relevado por sus resultados.
La misma fuente señaló que tres miembros de la junta están confabulados para manejar la entidad a su antojo, sin importar el daño que causan. Añadió que uno de ellos llevó a Martínez a la presidencia, sin advertir que era familiar de su esposa y que ya tenía 62 años. Según esta versión, Martínez iba a “echar la mano” por unos meses hasta pensionarse, pero luego decidió quedarse hasta completar 1.800 semanas, pese a sus “paupérrimos resultados”.
Postura del expresidente
John Jairo Martínez ha insistido en que solo aceptará la presidencia ejecutiva. Afirmó que el cargo creado le causa más daños a la entidad y que es subordinado del presidente ejecutivo. “Ese cargo, el del tal Director General Corporativo, se lo inventaron en unas pocas horas, sin un estudio de necesidades, sin un estudio técnico o financiero, pero sobre todo sin un procedimiento acorde con lo que dice el manual de funciones. Entonces esto fue apresurado y puede terminar generando un detrimento patrimonial a la Cámara, porque estarían pagando prácticamente dos presidentes ejecutivos, cuando es totalmente ilógico ya que la entidad solo puede tener un presidente ejecutivo”, aseveró.
Martínez también señaló que el contrato propuesto para su reintegro viola varios de sus derechos, como iniciar labores con un nuevo contrato y no con continuidad del anterior. “Yo no puedo aceptar un contrato en el que no se cumpla el fallo judicial, ya que con la propuesta que me hacen, a pesar de que me mantienen el salario y me asignan funciones, no tiene la misma jerarquía. Por lo tanto, yo sería subalterno del presidente ejecutivo, es decir, no es un cargo equivalente, precisamente porque un cargo igual al que yo ocupaba no lo hay en la entidad”, argumentó.
El expresidente presentó un nuevo desacato pidiendo sanciones contra los responsables. Concluyó que la junta directiva se tomó atribuciones que no le corresponden, ya que no crean cargos, y que están coadministrando, lo cual calificó como gravísimo y por lo que pedirá investigaciones.
