Juez ordena a diputado retractarse públicamente por acusaciones falsas contra alcalde de Cartagena
Juez ordena retractación a diputado por acusar falsamente a alcalde

Juez ordena retractación pública a diputado por acusaciones infundadas contra alcalde

En un fallo judicial contundente, el Juzgado Décimo Segundo Penal Municipal de Cartagena ha emitido una orden que obliga al diputado de la Asamblea de Bolívar, José Félix García Turbay, a retractarse públicamente de las graves acusaciones que formuló contra el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. La decisión judicial establece que el legislador debe separar sus "odios personales" de sus responsabilidades políticas y proceder a una rectificación completa de sus declaraciones.

El origen del conflicto: sesión pública del 19 de enero

El pasado 19 de enero, durante una sesión pública de la Asamblea Departamental de Bolívar, el diputado José Félix García Turbay realizó una serie de señalamientos graves contra el alcalde Dumek Turbay. En su intervención, el legislador imputó al mandatario cartagenero actos de corrupción, hurto de recursos públicos y lo calificó con expresiones deshonrosas como "corrupto", "bandido sin vergüenza" y responsable de actos delictivos durante su periodo como Gobernador de Bolívar.

Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas a través de medios institucionales, redes sociales y cadenas de WhatsApp, generando un impacto significativo en la opinión pública regional. Al día siguiente, el alcalde Turbay Paz presentó formalmente una solicitud de rectificación en condiciones de equidad, exigiendo al diputado una retracción expresa y una aclaración sobre la inexistencia de condenas en su contra.

Detalles del fallo judicial

El juez José Luis Sepúlveda, en su decisión, especificó los siguientes requerimientos para el diputado García Turbay:

  • Reconocer expresamente que sus afirmaciones del 19 de enero de 2026 carecían de respaldo probatorio
  • Aclarar que no existe sentencia condenatoria que atribuya a Dumek Turbay Paz la comisión de delitos
  • Retractarse de los calificativos de "corrupto", "bandido", "sinvergüenza" y de las acusaciones de "robo" y "atraco"
  • Especificar que, según información de la Fiscalía, no existe proceso activo contra Turbay por la adjudicación del contrato del alcantarillado de El Carmen de Bolívar

El fallo establece que el diputado debe cumplir con esta retractación en un plazo máximo de 48 horas después de ser notificado y abstenerse de continuar con conductas de animadversión personal y acusaciones sin presentar pruebas.

Requisitos específicos para la rectificación

La orden judicial establece mecanismos precisos para garantizar que la rectificación tenga el mismo alcance y difusión que las acusaciones originales:

  1. La retractación debe realizarse en la primera sesión plenaria de la Asamblea Departamental de Bolívar que tenga lugar dentro de los diez días siguientes a la notificación
  2. Debe utilizarse los mismos canales de transmisión y redes sociales donde se difundieron las acusaciones iniciales
  3. El comunicado de rectificación debe permanecer fijado por un lapso no inferior a 15 días en la parte superior del perfil o medio disponible, con acceso abierto
  4. La Asamblea de Bolívar debe destacar la rectificación del diputado en los mismos canales de difusión donde se publicaron las acusaciones
  5. El diputado deberá usar sus redes sociales para fijar sus disculpas públicas

Fundamentos del fallo: responsabilidad en el ejercicio público

En su decisión, el juez Sepúlveda enfatizó que los funcionarios públicos tienen un deber especial de comunicar con responsabilidad, dado que sus afirmaciones gozan de mayor credibilidad social. El magistrado señaló que los representantes políticos deben ser particularmente prudentes al verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando se trata de acusaciones que pueden lesionar derechos fundamentales como el buen nombre y la honra.

Este caso establece un precedente importante sobre los límites de la expresión política y la necesidad de sustentar las acusaciones públicas con pruebas concretas, especialmente cuando se trata de imputaciones de delitos contra otros servidores públicos.