JEP activa mecanismos tras renuncia de representantes de víctimas en macrocaso de secuestro
Este sábado 21 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un comunicado oficial respondiendo al anuncio de la Corporación Mil Víctimas, organización que representaba a 127 víctimas de secuestro de la exguerrilla de las Farc ante esta jurisdicción especial. La corporación informó que abandonaría sus labores como representantes legales, argumentando que la JEP habría vulnerado su derecho a la participación efectiva en el macrocaso 01, que investiga específicamente los secuestros y otros crímenes cometidos por esa guerrilla desmovilizada.
Medidas inmediatas para garantizar derechos procesales
Frente a esta situación, la JEP señaló que "activará los mecanismos institucionales necesarios" para asegurar la continuidad de la representación judicial y la plena protección de los derechos procesales de todas las víctimas afectadas. Como medida concreta, la jurisdicción solicitó formalmente a la organización el envío de un listado completo que incluya:
- Nombres completos de las víctimas representadas
- Números de identificación oficial
- Datos de contacto actualizados
Según explicó la entidad, esta información es fundamental para "proceder oportunamente a la reasignación de la representación judicial" y garantizar que no se interrumpan los procesos legales en curso. La JEP enfatizó que todas las víctimas participan en igualdad de condiciones dentro de los distintos escenarios judiciales establecidos.
Fundamento legal y principios rectores
La participación de las víctimas constituye, según la JEP, un pilar estructural del modelo de Justicia Transicional Restaurativa que implementa Colombia. Esta participación cuenta con plenas garantías en el marco de la Ley Estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas, documentos que desarrollan específicamente este derecho fundamental.
La entidad reconoció públicamente la labor que han realizado organizaciones como la Corporación Mil Víctimas en la defensa y acompañamiento a las víctimas acreditadas dentro del marco de los 11 macrocasos abiertos por la JEP. "Su trabajo ha sido fundamental para fortalecer la participación, el acceso a la verdad y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones", señaló el comunicado oficial.
La JEP reiteró que sus actuaciones se rigen por principios fundamentales como la centralidad de las víctimas y la acción sin daño, con el objetivo claro de garantizar la igualdad, el trato digno y la no revictimización de quienes intervienen en los procesos judiciales. Desde su creación, la jurisdicción cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD Víctimas), mediante el cual se brinda representación legal gratuita y especializada a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Historia y razones de la Corporación Mil Víctimas
La Corporación Mil Víctimas, desde su fundación en 2017, se había enfocado específicamente en la representación jurídica de civiles, militares y policías víctimas del conflicto armado y sus familias. El apoyo brindado por la organización no era solamente jurídico, sino que incluía un componente psicosocial integral, facilitando la participación activa de sus representados en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
Sin embargo, la corporación ha decidido cesar sus actividades de representación, señalando directamente a la JEP de haber establecido "toda clase de barreras" para impedir el trabajo que ahora abandonan. Durante su existencia, Mil Víctimas estuvo presente en audiencias de versiones voluntarias, en la presentación de observaciones formales, en procesos ante la JEP, en preparación psicosocial y otros espacios de participación para sus 127 representados, todo esto de manera completamente gratuita para las víctimas.
Los recursos utilizados por la organización provenían mayoritariamente de donaciones que, según sus directivos, no siempre eran suficientes para cubrir todos los costos operativos. Además, afirmaron que el respaldo institucional de la JEP había sido prácticamente nulo durante los años que llevaban trabajando. Esta situación de falta de apoyo y recursos constituye una de las principales razones por las cuales la organización decidió "tirar la toalla", según explicó la abogada Giovanna Ortega, directora ejecutiva de la Corporación Mil Víctimas.
La representante legal destacó que la organización estaba dando "lo último que tiene" por los uniformados y sus familias afectadas por el conflicto, evidenciando la difícil situación financiera y operativa que enfrentaban. Este caso pone en evidencia los desafíos que persisten en la implementación del sistema de justicia transicional en Colombia, particularmente en lo relacionado con la sostenibilidad del acompañamiento a las víctimas y la efectiva coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones judiciales especializadas.
