La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha confirmado la expulsión del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, quien hasta ahora se encontraba sometido a la justicia transitoria. La decisión se fundamenta en el incumplimiento grave e injustificado de su régimen de condicionalidad, al no haber realizado aportes suficientes a la verdad en los casos por los que fue aceptado.
Los casos que llevaron a Santoyo ante la JEP
El exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe había sido admitido en la JEP para esclarecer dos desapariciones forzadas ocurridas en Medellín (Antioquia) en octubre de 2000. Las víctimas eran Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ambos defensores de derechos humanos que trabajaban en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). En ese entonces, habían denunciado la presunta participación de uniformados en desapariciones en la región.
La Fiscalía General de la Nación ya tenía indicios desde abril de 2001 sobre la posible relación del exoficial con esos crímenes. Se descubrió que la Policía de Medellín había interceptado ilegalmente más de 2.020 líneas telefónicas, incluyendo las de Monsalve y Quintero. Santoyo, quien se desempeñaba como director del Gaula de Medellín, fue vinculado como autor de esos delitos. Las interceptaciones habrían sido posibles gracias a órdenes falsas firmadas por integrantes del Gaula Urbano de Medellín, unidad bajo su mando. A pesar de las evidencias, el exoficial no fue judicializado en ese momento y continuó su carrera militar.
La condena en Estados Unidos
El 20 de agosto de 2012, Santoyo fue condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, específicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cumplió siete años de prisión y fue deportado a Colombia el 29 de abril de 2019.
A su regreso, fue capturado para responder por las desapariciones de Monsalve y Quintero, pero la JEP asumió el proceso. En septiembre de 2021, el general retirado logró ser admitido en esa jurisdicción bajo el compromiso de contribuir al esclarecimiento judicial y a la búsqueda de los cuerpos de ambos líderes sociales, que aún permanecen desaparecidos.
La expulsión de Santoyo implica la pérdida de todos los beneficios y tratamientos especiales que le había otorgado la JEP, así como su salida del Sistema Integral de Paz. Este caso sigue en desarrollo y se espera que la decisión tenga implicaciones en otros procesos similares.
