La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se sumó a la alerta sobre un posible colapso en el sistema judicial debido a la falta de recursos para contratar defensores públicos, quienes representan en los estrados judiciales a quienes no pueden costear un abogado de confianza. De no garantizarse el giro de 10.000 millones de pesos en los próximos días, el servicio se verá reducido para el segundo semestre de este año. Incluso, si el Gobierno no aprueba la utilización de vigencias futuras, el arranque de 2027 podría verse afectado con la falta de abogados públicos en audiencias, lo que se traduciría en que los capturados podrían quedar libres si no se consigue a alguien que los represente, como ordena la ley.
Diagnóstico de la situación de financiamiento
El diagnóstico es claro: estamos operando bajo un déficit estructural sostenido. Si analizamos la trazabilidad de los últimos años, las cifras hablan por sí solas: en 2024 el Sistema Nacional de Defensoría Pública contaba con un presupuesto de $296.000 millones, que cayó a $287.000 millones en 2025, y que para esta vigencia fiscal se sitúa en $287.000 millones. Es evidente que, tras tres años, no hemos recuperado siquiera el nivel de apropiación de 2024, sin contar el efecto de la inflación y el aumento en la demanda de servicios. Por lo tanto, la Defensoría Pública sí se ha visto afectada directamente en su financiamiento. No solo no hemos crecido, sino que estamos gestionando una operación deficitaria que pone al límite nuestra capacidad de respuesta frente a los ciudadanos que más nos necesitan.
Riesgo de interrupción del servicio a inicios de 2027
El riesgo existe y es una preocupación central para la Defensoría. El desafío crítico no es solo la disponibilidad de fondos, sino la garantía de continuidad del servicio público entre el 31 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027. Al no contar con una certidumbre presupuestal clara debido al recorte sostenido que ha sufrido la entidad, nos enfrentamos a un impedimento legal para comprometer recursos de la próxima vigencia fiscal a través de la figura de vigencias futuras. Esta situación es sumamente grave por dos razones: primero, porque generaría una interrupción en los contratos al finalizar el año, dejando a miles de ciudadanos sin defensa judicial en el cambio de año; y segundo, por el inmenso despliegue administrativo que esto implica, pues debemos ser conscientes de que contratar a más de 4.200 defensores es una labor titánica que, en condiciones normales, toma entre 15 y 30 días del mes de enero. Por lo tanto, las vigencias futuras son la herramienta técnica fundamental para que el servicio transite del 2026 al 2027 sin traumatismos. Sin embargo, el recorte general a la Defensoría y la falta, en la práctica, de autonomía financiera impide que activemos esta figura, en tanto ello afecta el presupuesto del otro año, lo que nos aboca a una restricción del servicio en enero que golpearía directamente el derecho fundamental de acceso a la justicia de los colombianos más vulnerables.
Presupuesto necesario para el próximo año
Para garantizar una operación digna y eficiente el próximo año, el Sistema Nacional de Defensoría Pública requiere un presupuesto de $405.000 millones de pesos. Actualmente estamos funcionando con apenas $295.000 millones, lo que supone un déficit real de $110.000 millones, evidenciando una operación estructuralmente deficitaria que nos impide cubrir las necesidades advertidas por el dinamismo propio del servicio. Ello porque nuestra prioridad es doble: estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la estabilidad no puede entenderse simplemente como mantener la capacidad instalada actual. La verdadera estabilidad implica el sostenimiento de los defensores y defensoras públicas con el reconocimiento debido. Es inaceptable que durante los años 2024 y 2025 no se les haya podido realizar el incremento de honorarios; por ello, este presupuesto busca subsanar esa deuda histórica y dignificar su labor. A esto se suma la necesidad de crecimiento: requerimos vincular a 1.090 nuevos defensores para cubrir la demanda nacional que busca garantizar que ningún ciudadano, por lejos que esté, se quede sin acceso a la justicia. Sin este fortalecimiento, el sistema seguirá trabajando al límite de su capacidad.
Diálogo con el Gobierno
Hemos iniciado recientemente una agenda de diálogo a través de mesas técnicas que se han sostenido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de las cuales vale la pena resaltar que han contado con la mediación de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su Presidente, quien ha manifestado su inquietud por el impacto de este tema para el sistema de justicia. Gracias a este acompañamiento, hemos logrado consensos preliminares que apuntan a una posible asignación de recursos. Confiamos en que el Gobierno entienda que fortalecer la Defensoría es fortalecer la paz y la justicia social.
Llamado ante el posible paro de defensores
Reconocemos y validamos las preocupaciones de nuestros defensores y defensoras; sus reclamos por condiciones dignas son legítimos y los compartimos. Sin embargo, mi llamado es a la calma y a la responsabilidad. La defensa pública es un servicio esencial y el eje fundamental para el acceso a la administración de justicia en Colombia. Un cese de actividades afecta directamente a la población más vulnerable que depende de nosotros para materializar sus derechos fundamentales. Las vías del diálogo están abiertas sobre todo para transmitir el mensaje que sobre estos asuntos en particular se tengan y se reciban sobre el gobierno nacional.
