Incidente de desacato judicial por antiguo Puente Pumarejo
El Tribunal Administrativo del Atlántico ha ordenado la apertura de un incidente de desacato contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), tras considerar que no se ha cumplido efectivamente la medida cautelar que exigía el cierre total del antiguo Puente Pumarejo, también conocido como Puente Laureano Gómez. La decisión judicial responde a una solicitud de la Personería Distrital de Barranquilla, que alertó sobre el presunto incumplimiento de la orden emitida en octubre de 2025.
Funcionarios investigados y plazos establecidos
En el auto judicial, la magistrada ponente Carmen Rosa Lorduy González dispuso iniciar el incidente de desacato contra tres funcionarios del Invías:
- Carlos Andrés Mendoza Rondón
- Fabián Ernesto Arango Pineda
- Arnulfo Arias Sáenz
Medidas insuficientes y continuo uso del puente
Pese a los informes presentados por el Ministerio de Transporte y el Invías, donde se detallan acciones como instalación de señalización, patrullajes y socialización con la comunidad, el Tribunal concluyó que estas medidas no han sido suficientes para garantizar el cierre efectivo. La estructura, inaugurada en 1974, continúa siendo utilizada por ciudadanos, lo que representa un riesgo inminente para la vida e integridad de las personas.
El documento judicial también recoge que, según el Invías, la ejecución total del cierre ha enfrentado dificultades por la oposición de comunidades cercanas, requiriendo incluso acompañamiento policial para avanzar en las intervenciones.
Estado crítico del puente y planes de demolición
El antiguo Puente Pumarejo presenta un avanzado estado de deterioro con:
- Vías averiadas
- Barandas caídas
- Asfalto afectado
- Riesgo de desprendimiento de fragmentos
El Ministerio de Transporte ha anunciado que el puente será demolido por fases a partir de 2026, en un proceso que durará aproximadamente cinco años y contará con una inversión de cerca de 146 mil millones de pesos. La demolición será parcial, enfocándose en retirar 467 metros entre los pilotes 15 y 22, mientras que la estructura restante podría aprovecharse para proyectos turísticos o miradores.
Consecuencias legales del desacato
La apertura de este incidente marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que involucra a múltiples entidades nacionales y territoriales. Según la normativa vigente, el desacato a una orden judicial en este tipo de procesos puede derivar en:
- Sanciones económicas
- Posible arresto de los responsables
Este caso judicial se desarrolla en el marco de una acción popular que busca proteger derechos colectivos relacionados con la seguridad y el uso adecuado de la infraestructura pública, elevando la relevancia de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
