Fiscalía desmantela red de falsa veeduría que extorsionaba a alcaldes del Cesar
La Fiscalía General de la Nación ha asestado un duro golpe a una organización delictiva que operaba bajo la fachada de una veeduría ciudadana para extorsionar a mandatarios municipales y otros funcionarios públicos en el departamento del Cesar. Este domingo, el ente acusador dio a conocer la imputación de tres hombres señalados como integrantes de esta red, quienes ahora enfrentan cargos por delitos graves relacionados con la extorsión.
Detalles de la investigación y los imputados
Los procesados son Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López. Según la investigación desarrollada por un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estos individuos habrían conformado un entramado ilegal entre noviembre de 2025 y marzo pasado. Su modus operandi consistía en contactar a las víctimas, principalmente alcaldes, para exigirles sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 300 millones de pesos, a cambio de no denunciarlos por presuntos actos de corrupción.
En las llamadas extorsivas, los acusados habrían afirmado a los mandatarios que, si entregaban los montos solicitados, se les retirarían los procesos que se surten ante distintos órganos de control. La Fiscalía explicó que López Rojas es señalado como el cabecilla de la organización, mientras que Toncel García actuaba como intermediario, y López se encargaba de la logística y recepción del dinero.
Víctimas y cargos presentados
Entre las víctimas identificadas se encuentran el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como el alcalde de Becerril. Debido a estas presuntas actuaciones, el fiscal presentó a los tres hombres ante un juez de control de garantías, donde se les imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. A cada uno se le leyeron hechos y cargos particulares, aunque ninguno se acogió a los delitos.
Por orden del juzgado que adelantó las audiencias, los tres imputados deberán responder por este proceso penal privados de su libertad en una cárcel, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de sus actividades delictivas.
Impacto en la región y medidas de la Fiscalía
Este caso subraya los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en regiones como el Cesar, donde redes criminales pueden aprovecharse de supuestas veedurías ciudadanas para cometer extorsiones. La Fiscalía ha reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, destacando la importancia de investigaciones especializadas como las llevadas a cabo por el Gaula.
Las autoridades continúan alertando a la ciudadanía y a los mandatarios locales sobre la necesidad de verificar la legitimidad de cualquier organización que se presente como veeduría, y de reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión o fraude.
