Fiscalía y Abogacía del Estado respaldan a Puigdemont ante el Constitucional
La Fiscalía y la Abogacía del Estado español han presentado escritos ante el Tribunal Constitucional solicitando que se conceda el amparo al expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, figura central del intento independentista de 2017. Esta acción jurídica se produce en respuesta a la negativa del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnistía al líder catalán.
Críticas a la interpretación del Tribunal Supremo
Ambas instituciones estatales argumentan que el Tribunal Supremo debía haber aplicado la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación. En sus escritos, critican duramente la interpretación realizada por los magistrados del Supremo, calificando su actuación de "irrazonable y arbitraria" en la evaluación del caso.
El Ministerio Público y la Abogacía -que representa el servicio jurídico del Estado español- fundamentan su posición en que la decisión del Supremo no se ajusta a los principios de la normativa de amnistía, especialmente considerando el contexto político y social en el que se promulgó esta ley.
La espera por el fallo del Tribunal de Justicia Europeo
Aunque los escritos ya están sobre la mesa del Tribunal Constitucional, la resolución definitiva sobre la amnistía para Puigdemont depende crucialmente de lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los tribunales españoles elevaron cuestiones prejudiciales al tribunal europeo, cuyo fallo se espera conocer como tarde en marzo.
El abogado general del TJUE ya sentó un precedente significativo en noviembre pasado, cuando avaló la ley de amnistía en un informe donde señaló que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social". Además, afirmó que "no existe un vínculo directo" entre los gastos del procés -el proceso independentista catalán- y un perjuicio a las finanzas europeas, contradiciendo así la interpretación del Tribunal Supremo español.
La situación legal de Puigdemont
Desde 2017, Carles Puigdemont reside en Bélgica para eludir la acción de la justicia española por su participación en el proceso independentista catalán. Sobre él pesa una orden de detención dictada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, lo que impide su regreso a España.
En enero, el Tribunal Constitucional mantuvo la orden de detención en España, argumentando la necesidad de no desautorizar la actuación del juez europeo y evitar decisiones que pudieran anticipar el sentido del fallo definitivo.
Puigdemont solicitó en noviembre pasado al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él, pidiendo que esta medida se mantenga hasta que el tribunal dicte una sentencia firme sobre su recurso por la no aplicación de la amnistía.
Próximos pasos en el proceso judicial
Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas, el Tribunal Constitucional español podrá abordar directamente la resolución del recurso de amparo de Puigdemont. Es importante destacar que, incluso en el caso de que el fallo fuera favorable al expresidente catalán, la aplicación correspondería siempre al Tribunal Supremo, manteniendo así la complejidad jurídica del caso.
Este proceso marca un capítulo significativo en el largo conflicto entre el independentismo catalán y el Estado español, con implicaciones tanto para el sistema judicial como para el panorama político nacional.
