Denuncia judicial pone en la mira a ejecutivos del megaproyecto portuario de Turbo
La Fiscalía General de la Nación tiene oficialmente en sus manos una denuncia formal contra los ciudadanos Teófilo Lemus y José María Pernas, socios inversionistas del megaproyecto portuario Puerto Pisisí, que se construye en la bahía de Turbo, en el golfo de Urabá antioqueño. La acción judicial busca que la Fiscalía inicie una investigación por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio directo de familias víctimas del conflicto armado en la región del Urabá.
Acusaciones de incumplimiento sistemático
Según la denuncia de nueve páginas conocida por este medio, la sociedad portuaria habría incumplido sistemáticamente los acuerdos establecidos con un grupo de víctimas reclamantes de tierras. Estas familias adelantaban procesos de restitución en los predios exactos donde hoy se levanta el megaproyecto portuario, terrenos de los que fueron desplazados violentamente años atrás durante el conflicto armado.
"Desde 2019, los denunciados desplegaron una estrategia de acercamiento para que las víctimas desistieran de sus procesos de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras. El engaño consistió en prometer que la sociedad portuaria les daría una solución 'más rápida y mejor' que la justicia estatal", se lee textualmente en el documento judicial.
Compromisos incumplidos tras cinco años
El expediente judicial detalla que la Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí se comprometió inicialmente a no participar como opositora en los expedientes de restitución y ofreció una compensación adicional a las víctimas. En abril de 2021 se firmó un memorando de entendimiento que suscribió varios compromisos específicos, los cuales, casi cinco años después, no se habrían cumplido según la denuncia.
Entre los acuerdos incumplidos destacan:
- La compra de un predio de 30 hectáreas a las víctimas denunciantes
- La construcción o compra de un bien inmueble a favor de cada uno de los seis reclamantes de tierras, en zonas rurales o urbanas
- Una indemnización tasada en pesos colombianos para la implementación de un proyecto productivo
- La creación de una empresa asociativa de propiedad de las víctimas cuyos excedentes pagarían una retribución mensual a las cabezas de familia
Victimas reconocidas oficialmente
La denuncia fue interpuesta por campesinos reconocidos oficialmente como víctimas de hechos violentos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo, Antioquia. Los casos están relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides, así como del secretario del Concejo, Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.
Los reclamantes han aclarado enfáticamente que no se oponen al proyecto portuario, pero que como víctimas del conflicto armado no renunciarán a sus derechos legítimos sobre las tierras de las que fueron despojados.
Silencio tras obtener la concesión
Según la acción judicial, una vez firmado el memorando de compromiso, la sociedad Pisisí obtuvo la concesión portuaria de la Agencia Nacional de Infraestructura en enero de 2023. Posteriormente, según relatan las víctimas, los denunciados cesaron toda comunicación y pago, dejando a las familias afectadas sin tierras y sin posibilidad real de reclamar judicialmente el asunto.
Puerto Pisisí se promociona como una nueva alternativa de conexión entre los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, con el sur y oriente del país. En su página web afirma que "se convertirá en factor impulsor de la economía y el turismo en la región" y generará "oportunidades de educación para el manejo de tecnologías de punta".
Respuesta de la sociedad portuaria
En oficio enviado a este medio, la sociedad expresó: "Actualmente, la Sociedad Portuaria avanza en los procesos de estructuración y gestión de la financiación del proyecto, con el objetivo de suscribir el acta de inicio del contrato de concesión. Una vez se cuente con los recursos económicos requeridos, se procederá al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el memorando respectivo".
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación deberá decidir si abre investigación formal contra los ejecutivos del proyecto portuario, en un caso que pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo de megaproyectos de infraestructura y los derechos de las víctimas del conflicto armado en territorios históricamente afectados por la violencia.
