La Contraloría de Bogotá emitió el 24 de abril un fallo con responsabilidad fiscal por 36.424 millones de pesos, tras detectar graves irregularidades en la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. El organismo de control evidenció incumplimientos contractuales, fallas técnicas y la no entrega de la obra, lo que generó un detrimento patrimonial significativo para el Distrito.
Irregularidades contractuales y obra inconclusa
La investigación se centró en los contratos de obra e interventoría suscritos para el desarrollo del proyecto. Según el informe, la construcción no fue finalizada dentro de los plazos establecidos y presenta deficiencias técnicas que comprometen su viabilidad. Además, se identificaron afectaciones a predios vecinos, ampliando el impacto del proyecto más allá de la infraestructura.
La Contraloría también determinó fallas en la supervisión del contrato, señalando la falta de controles efectivos que permitieron que las irregularidades no fueran detectadas oportunamente durante la ejecución de la obra.
Sobrecostos y daño fiscal para el Distrito
El daño fiscal de 36.424 millones de pesos se configuró a partir de varios componentes: el valor de la obra inconclusa, los costos de la interventoría contratada, gastos adicionales en estudios técnicos posteriores y los costos por arrendamientos que debió asumir la entidad ante la imposibilidad de utilizar la sede proyectada. La contralora auxiliar Verónica Peláez Gutiérrez señaló que "se comprometieron recursos públicos en una obra que no fue entregada ni cumplió lo previsto", y advirtió que "el uso inadecuado de estos dineros retrasa soluciones para la ciudadanía y afecta la confianza institucional".
Un proyecto con casi una década de retrasos
El caso se remonta a finales de 2016, cuando se adjudicó el contrato 088 para la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. El proyecto avanzó durante las administraciones de Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, sin lograr su culminación. Casi diez años después, el edificio presenta un avance físico cercano al 80%, pero permanece sin terminar, en estado de deterioro y sin un uso definido.
La Contraloría anunció que continuará ejerciendo vigilancia sobre la ejecución de obras públicas en Bogotá, con el objetivo de evitar nuevos casos de detrimento patrimonial y garantizar el uso eficiente de los recursos en futuros proyectos.
