Facultades excesivas de la SIC generan preocupación por derechos fundamentales
Durante años, en diversos escenarios académicos y profesionales, se han manifestado serios reparos frente al otorgamiento de facultades desmedidas a entidades de la rama ejecutiva para el ejercicio de sus funciones. Particularmente preocupante resulta el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuyos poderes excesivos representan una amenaza para el Estado de Derecho en Colombia.
Poderes invasivos que vulneran derechos
La capacidad de la SIC para despojar a las personas de sus celulares, obligarlas a entregar computadores, menoscabar su intimidad y someterlas a tratos que rayan en lo inhumano, todo en nombre de contribuir a investigaciones administrativas, constituye un peligro real para la democracia. Quienes defienden estas prerrogativas argumentan que han permitido imponer cuantiosas multas contra empresas involucradas en manipulación de precios.
Sin embargo, este argumento resulta ética y estéticamente deleznable, aunque superficialmente pueda parecer atractivo. Por supuesto que nunca estará justificado que poderosos empresarios se concierten para manipular precios, y cuando cruzan esa línea indecente merecen ser sancionados, pero el remedio nunca puede ser peor que la enfermedad.
Un servidor ajeno al sistema judicial con poderes exorbitantes
La situación se agrava cuando un servidor público ajeno al sistema judicial posee facultades invasoras que ni siquiera han sido reconocidas a los propios jueces. Este tipo de funcionarios no son inmunes a las presiones políticas ni a las pasiones partidistas, y existe el riesgo real de que, debido a estas tensiones, no solo dejen de ser imparciales, sino que ni siquiera lo aparenten.
El debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales deben situarse por encima de cualquier resultado. Sostener lo contrario sería tan absurdo como permitir que la Fiscalía y los jueces penales torturaran a sospechosos para obtener confesiones. Si los delincuentes fueran sometidos a suplicios, seguramente habría más condenas, pero un Estado verdugo generaría más violencia que seguridad, además de indignidad colectiva.
La ley no justifica el ultraje
No basta con que las facultades de la SIC estén consagradas en la ley, ni siquiera que la Corte Constitucional les haya dado el visto bueno, o que en algunos países se sientan cómodos con posturas totalitarias. Cualquier funcionario público debe construir la certeza de sus decisiones acatando la ley, y sobre todo sin ultrajar a nadie.
Cuando un servidor sacude los derechos del ciudadano, sometiéndolo a tormentos y procedimientos horribles desterrados de la cultura occidental, la comunidad con razón teme y pierde confianza en las instituciones supuestamente legítimas.
Fallo histórico de la Procuraduría
No alegra que alguien sea condenado por la Procuraduría, pero el fallo reciente, aunque sea de primera instancia, resulta histórico y ejemplarizante porque le recuerda al país que ningún funcionario puede sucumbir a la tentación del abuso del deber. No se desconoce el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que permanece intacta a pesar de estar comprometido en una sentencia que deberá ser revisada por otro procurador.
Según las informaciones disponibles, funcionarios de la SIC estaban husmeando documentos o evidencias vinculadas con la investigación que este Gobierno armó contra una compañía contratada para la elaboración de pasaportes. Esto no es un secreto, y resulta una malhadada coincidencia que precisamente la SIC, oficina pública influyente y cercana a la Presidencia de la República, fuera la beligerante protagonista de pesquisas dirigidas contra una sociedad comercial que genera tanto rechazo en la Casa de Nariño.
Esperanza para la democracia
Ojalá los sancionados de la SIC logren disipar la duda mortal, de la que hablaba Racine, de que obraron siguiendo instrucciones de una voz superior que no es difícil adivinar quién habría sido, y que actuaron con autonomía e independencia.
Independientemente de que eventualmente en segunda instancia se llegue a revocar esta sanción disciplinaria, de todas maneras resulta reconfortante para la democracia que al menos la Procuraduría haya puesto sus ojos en una controversia que estaba por estallar desde hace varios lustros. Esperemos que en el próximo gobierno a alguien se le ocurra promover la abolición de poderes exorbitantes de la administración y restituir todas las garantías a la ciudadanía.
Contexto adicional de preocupación nacional
Adenda No 1: Resulta alarmante la noticia de que fiscales de Manhattan y Brooklyn de los Estados Unidos investigan criminalmente al presidente Gustavo Petro, situación que añade complejidad al panorama político nacional.
Adenda No 2: El doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, literalmente debe estar sudando petróleo luego de que la USO pidiera su renuncia, no sin razón, evidenciando las tensiones en el sector energético del país.
