La controversia en torno a las encuestas electorales en Colombia ha escalado luego de que firmas del sector advirtieran que las nuevas exigencias técnicas y regulatorias podrían reducir drásticamente el número de mediciones disponibles durante el proceso presidencial. La situación ha sido calificada como una posible "mordaza" a quienes buscan medir el estado de la opinión pública.
Víctor Muñoz analiza la polémica electoral
Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, aseguró en entrevista con Portafolio que las actuales condiciones están elevando costos, endureciendo metodologías y poniendo en riesgo el acceso ciudadano a información electoral. Para este experto, la discusión se intensificó después de la reglamentación expedida por la comisión técnica creada tras la ley promulgada en julio de 2025 y firmada por el presidente Gustavo Petro. Según Muñoz, desde febrero de este año el volumen de información solicitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las firmas encuestadoras se volvió "complejo" y difícil de cumplir operativamente.
“Hoy en Colombia solamente cinco firmas estamos publicando información de manera recurrente de cara al proceso electoral”, afirmó Muñoz, quien además advirtió que la salida de una de esas compañías ya encendió preocupaciones dentro del sector, debido a que las investigaciones y requerimientos técnicos podrían terminar reduciendo aún más el mercado de las mediciones electorales.
El choque entre encuestas digitales y regulación tradicional
El núcleo de la discusión gira alrededor de la validez de mecanismos digitales y telefónicos de recolección de información frente a los modelos probabilísticos tradicionales exigidos por la legislación colombiana. Muñoz explicó que firmas como Atlas Intel y GAD3 utilizan tecnologías que han sido aplicadas en distintos países y que incluso han mostrado resultados acertados en procesos electorales recientes.
Sin embargo, el CNE mantiene exigencias relacionadas con representatividad probabilística, selección muestral y cobertura territorial que privilegian esquemas tradicionales de recolección presencial. Según Muñoz, el problema de fondo es que la ley quedó diseñada bajo una lógica estadística rígida que no incorporó adecuadamente la evolución tecnológica del sector.
“No podemos estar de espaldas a la evolución tecnológica”, afirmó el cofundador de Guarumo al comparar esta discusión con los cambios que también han vivido otros sistemas modernos de captura y procesamiento de información estadística en el mundo. Para él, el país debería abrir espacios para evaluar técnicamente nuevos mecanismos digitales y no limitarse únicamente a un modelo tradicional.
Muñoz sostuvo además que tanto las firmas digitales como el CNE “tienen razón” dentro de la discusión actual. Por un lado, las plataformas defienden metodologías utilizadas globalmente y apoyadas en inteligencia artificial y análisis automatizado. Por otro, el CNE aplica literalmente las condiciones establecidas dentro de la ley vigente y sus reglamentaciones posteriores.
Preocupación por el futuro del mercado de encuestas
Uno de los puntos más delicados planteados por Muñoz tiene que ver con el futuro mismo del mercado de encuestas en Colombia. El empresario advirtió que, bajo las condiciones actuales, podría producirse una concentración de información en apenas dos o tres firmas capaces de soportar los costos y requerimientos regulatorios exigidos por las autoridades electorales.
“Una democracia sin información es una democracia en riesgo”, afirmó durante la conversación con Portafolio, en la que también explicó que si el mercado se reduce demasiado, solo campañas políticas o grupos económicos con suficiente capacidad financiera podrán pagar estudios privados, mientras los ciudadanos perderían acceso a mediciones públicas y herramientas de análisis electoral abiertas.
El escenario preocupa especialmente frente a futuras elecciones regionales. Muñoz reconoció que actualmente existen dudas dentro del sector sobre la viabilidad económica y logística de realizar mediciones para alcaldías y gobernaciones bajo las reglas actuales, debido a los costos asociados a cobertura territorial, seguridad y tiempos de recolección de información.
Posible acción judicial
La controversia también abrió una discusión jurídica que podría terminar en la Corte Constitucional. Los expertos esperan un pronunciamiento sobre la ley aprobada en 2025 y consideran necesaria una eventual reforma legislativa si las restricciones actuales continúan vigentes después de las próximas elecciones presidenciales.
