Grupo de detenidos en Colombia solicita frenar extradición a Venezuela por temor a tortura
Un grupo de 35 ciudadanos venezolanos (32 hombres y tres mujeres) detenidos en Colombia con fines de extradición hacia Venezuela ha presentado una solicitud formal al gobierno colombiano para suspender de inmediato estos trámites. La petición, radicada el 23 de febrero de 2026, está dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, así como a la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Fundamentos legales de la solicitud
El documento legal, firmado por el abogado Kalev Giraldo Escobar bajo el nombre de "Víctimas del Falso Terrorismo", expone que los solicitantes enfrentan en Venezuela cargos por:
- Terrorismo
- Traición a la patria
- Incitación al odio
Según el texto presentado, tras las elecciones venezolanas de 2024 se reportaron detenciones masivas con imputaciones por terrorismo sin investigaciones individuales previas. El documento también cita reportes de Naciones Unidas que documentan la detención de más de 200 niños y adolescentes acusados de delitos graves bajo estas figuras penales.
Contexto legal venezolano preocupante
Entre los antecedentes mencionados se encuentra la aprobación de la llamada "Ley Simón Bolívar" a finales de 2024, que establece penas de hasta 30 años de prisión por apoyar sanciones internacionales. El comunicado señala además la existencia de tribunales con competencia exclusiva en terrorismo y recoge pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de misiones de la ONU sobre el uso de estos tipos penales contra la disidencia política.
La petición se sustenta principalmente en el principio de no devolución previsto en la Convención contra la Tortura. Según este principio, Colombia no puede entregar a una persona a un Estado donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad física corren peligro.
Argumentos jurídicos adicionales
El documento también alude a conceptos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde se han expresado reservas frente a extradiciones hacia Venezuela por eventuales afectaciones a garantías procesales. El grupo invoca igualmente el principio 'aut dedere aut judicare', que permite al Estado requerido optar por juzgar en su territorio cuando la extradición no proceda.
En esta línea, los detenidos proponen que, de existir indicios de delito, los procesos se adelanten ante la justicia colombiana o mediante mecanismos internacionales, evitando así su traslado a Venezuela.
Amnistía general en Venezuela
Uno de los puntos centrales del comunicado es el anuncio de una amnistía general en Venezuela el 30 de enero de 2026. Según el texto presentado, esta medida extinguiría la acción penal respecto de delitos de naturaleza política o conexos y tendría efectos directos sobre los pedidos de extradición en curso.
Entre las solicitudes concretas, el grupo pide:
- Suspender los trámites administrativos de extradición
- Activar canales diplomáticos para verificar el alcance de la amnistía
- Revisar la vigencia de los tratados aplicables
- Disponer la libertad de los detenidos por extinción de la pena mientras se define su situación jurídica
Movilización de familiares
Paralelamente, familiares de ciudadanos detenidos en Colombia con fines de extradición hacia Venezuela convocaron a un plantón frente al Ministerio de Justicia y del Derecho en Bogotá. La jornada fue citada para el miércoles 25 de febrero a las 11:00 de la mañana, en la sede ubicada en la Calle 53 No. 13.
La movilización busca solicitar la suspensión inmediata de los trámites de entrega y exigir que el Gobierno colombiano aplique el principio de no devolución ante el riesgo de posibles tratos inhumanos. Los convocantes piden además:
- El reconocimiento de la amnistía general anunciada en Venezuela
- La protección de los derechos humanos de los detenidos
- La participación pacífica de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación
Los detenidos se encuentran actualmente en Bogotá, donde permanecen a la espera de una respuesta del gobierno colombiano a su solicitud de suspensión de la extradición. El caso pone en evidencia las complejidades jurídicas y humanitarias que enfrentan los procesos de extradición entre países con sistemas judiciales y contextos políticos diferentes.
