Una organización dedicada a la preservación de paisajes históricos presentó una demanda para detener la intervención ordenada por el presidente Donald Trump sobre el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington. La acción judicial fue interpuesta por The Cultural Landscape Foundation, que cuestiona la decisión de pintar de azul la base del estanque, tradicionalmente gris, sin agotar las revisiones federales exigidas para sitios históricos dentro del National Mall.
Detalles de la demanda
La demanda fue presentada contra el Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior y el secretario Doug Burgum. La organización sostiene que la administración habría omitido procedimientos previstos en la Ley Nacional de Preservación Histórica antes de modificar el lugar. El presidente de la fundación, Charles A. Birnbaum, advirtió que una base azul puede hacer que el estanque parezca más una piscina que un espacio conmemorativo, alterando el carácter del sitio y afectando la intención original de una superficie sobria y reflectante.
Contexto histórico del estanque
El estanque reflectante es uno de los puntos más fotografiados de Washington. Está ubicado entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, y ha servido como escenario de eventos históricos, marchas, conmemoraciones y actos públicos. La demanda sostiene que la intervención requería revisión federal por tratarse de un lugar histórico, y que el cambio de color altera la composición visual entre ambos monumentos.
Defensa de Trump sobre el proyecto
Trump ha defendido la intervención como una obra de mejoramiento y limpieza. Durante una visita no anunciada al Monumento a Lincoln, el mandatario fue conducido sobre el nuevo revestimiento azul antes de hacer declaraciones a la prensa. El presidente describió el color elegido como “American flag blue” y sostuvo que estaba arreglando el estanque porque la capital debía proyectar “belleza, limpieza, seguridad” y no suciedad.
En declaraciones previas, Trump había dicho que el estanque estaba en malas condiciones y presentaba filtraciones. Afirmó que el proyecto sería rápido y estaría listo antes de las celebraciones por los 250 años de la Declaración de Independencia. NPR informó que el mandatario señaló que la obra costaría cerca de US$2 millones y tomaría una semana. Sin embargo, The New York Times reportó luego que el contrato habría sido adjudicado por US$6,9 millones sin licitación.
Defensa del Departamento del Interior
El Departamento del Interior defendió la selección del contratista. En una declaración enviada a NPR, sostuvo que el Servicio de Parques Nacionales eligió la mejor empresa para acelerar la reparación del estanque antes de las celebraciones del aniversario nacional.
Debate por preservación histórica en Washington
La controversia no se limita al color del estanque. Para la organización demandante, el problema central está en si la administración podía intervenir un paisaje histórico sin cumplir procesos de revisión, consulta y evaluación previstos en la ley federal. La Ley Nacional de Preservación Histórica exige revisiones cuando una obra federal puede afectar propiedades históricas. La demanda sostiene que esos pasos eran necesarios antes de aplicar el revestimiento azul sobre una pieza central del National Mall.
El caso también se conecta con otras discusiones sobre proyectos de remodelación promovidos por Trump en Washington. AP señaló que la demanda se enmarca en un conjunto más amplio de cuestionamientos a intervenciones en puntos simbólicos de la capital estadounidense. Los críticos sostienen que el estanque no debe analizarse como una obra aislada, sino como parte de un conjunto diseñado para crear una relación visual entre dos monumentos nacionales. Cambiar su apariencia, dicen, puede alterar esa composición histórica.
Por ahora, la decisión está en manos de un juez federal del Distrito de Columbia. La demanda busca suspender la intervención y obligar a la administración a cumplir los procesos de revisión antes de continuar con las obras. La administración Trump, en cambio, presenta el proyecto como una reparación necesaria de un espacio deteriorado y filtrado. El choque entre ambas posiciones deja el caso en el terreno jurídico, pero también en el debate sobre memoria, estética pública y poder presidencial.
