Entrevista con Gerardino León Maldonado: 'Garantizamos la representación judicial de miles de personas'
Gerardino León Maldonado, presidente de la Federación Nacional de Defensores Públicos, conversó con EL TIEMPO sobre la alerta que se ha encendido en la Rama Judicial debido a la incertidumbre que rodea el pleno funcionamiento de la defensoría pública, un pilar fundamental para asegurar los derechos de quienes no pueden costear un abogado particular.
Desde el Sistema Nacional de Defensoría Pública se han emitido dos alertas dirigidas al Gobierno Nacional: la primera, para que garantice la inyección de recursos necesarios para el buen funcionamiento del sistema durante lo que resta del año; la segunda, para que se aseguren los fondos que permitan iniciar el año 2026 con abogados públicos. De no cumplirse estas condiciones, la Rama Judicial podría enfrentar la suspensión de audiencias y, en casos extremos, la libertad de delincuentes capturados en enero si no se aprueban las vigencias futuras requeridas.
¿Qué pasaría si no hay defensores públicos y una persona es capturada?
León explicó que, en una audiencia de control de garantías, una persona capturada tendría que buscar urgentemente un defensor particular o contratar un abogado privado para su representación, en lugar de contar de inmediato con un defensor público. Si la persona no consigue abogado y tampoco se le designa uno de oficio (lo que debería ocurrir si no hay defensores públicos disponibles), al cumplirse 36 horas sin legalizar su situación, se deberá ordenar su libertad inmediata.
¿Cuál es la principal preocupación frente al presupuesto asignado?
La preocupación central es el presupuesto otorgado para la vigencia 2025 y la proyección hacia 2026. En julio vencen numerosos contratos, y existe el riesgo de que se recorte un porcentaje de los recursos, lo que impactaría directamente la nómina de los defensores públicos. Por ello, se hace un llamado al Gobierno para que revise esta decisión.
¿Qué papel cumplen los defensores públicos en el sistema penal acusatorio?
Los defensores públicos participan en cerca del 96 por ciento de la operación del sistema penal acusatorio. Son quienes garantizan la representación judicial de miles de personas que requieren este servicio, de manera permanente y con honorarios que, según han señalado, no corresponden a la responsabilidad que implica litigar ante jueces penales del circuito.
¿Qué consecuencias tendría una reducción de personal?
Si no se amplía el presupuesto, entre 780 y 950 defensores públicos podrían salir del sistema. Esto afectaría la capacidad de respuesta de la Defensoría del Pueblo y tendría un impacto directo en el funcionamiento del sistema penal acusatorio, disminuyendo la atención jurídica para quienes dependen de este servicio.
Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com
