Defensa de exministro Bonilla exige libertad por vencimiento de términos judiciales
La defensa del exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, solicitó este martes su libertad inmediata por vencimiento de términos, argumentando que se han superado los plazos legales establecidos sin una resolución en segunda instancia. Según informó su abogado, Alejandro Carranza, la petición se radicó a las 10:00 a. m. ante las autoridades competentes, tras más de 120 días desde la imputación del 1 de diciembre, sin que se defina la apelación del caso.
Cuestionamientos a la Fiscalía y pronunciamiento presidencial
Carranza señaló que "el profesor Ricardo Bonilla completa cuatro meses sin que le resuelvan la apelación", criticando el actuar de la Fiscalía General de la Nación. La defensa alega que, tras cumplirse el plazo, la Fiscalía radicó la acusación de manera extemporánea, pretendiendo subsanar la causal de vencimiento de términos, una estrategia que, según el abogado, busca evitar la libertad del exfuncionario.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente, calificando la detención como "arbitraria por simple sectarismo político". Petro afirmó que Bonilla es "un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición" y exigió su liberación inmediata, además de hacer un llamado a organismos internacionales para intervenir en el caso.
Antecedentes del caso y acusaciones
Según lo expuesto en audiencias por la fiscal María Cristina Patiño, Bonilla habría sido uno de los líderes de un supuesto "pacto criminal" para influir indebidamente en el Congreso y asegurar la aprobación de reformas sociales del Gobierno. Como parte de este esquema, se habrían ofrecido 79 proyectos de la UNGRD e Invías, valorados en más de medio billón de pesos, aunque solo siete se ejecutaron.
La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, sostuvo al ordenar la medida de aseguramiento que los procesados no actuaron de forma aislada, sino como parte de una estructura organizada desde posiciones de liderazgo, con el propósito de cometer delitos contra la administración pública de manera reiterada.
Este caso continúa generando controversia en el ámbito político y judicial, con implicaciones significativas para la transparencia y el estado de derecho en Colombia.
