Corte Suprema de Justicia inicia investigación formal contra senador Alirio Barrera
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Alirio Barrera por el delito de acto sexual violento. Esta decisión se basa en una denuncia que ingresó al alto tribunal el pasado 6 de marzo y que involucra al congresista del Centro Democrático en hechos que habrían ocurrido en el año 2016, cuando Barrera se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare.
Los detalles de la denuncia
La denunciante, identificada con el nombre ficticio de Sandra por la revista Cambio, accedió a hacer público su proceso judicial con la condición de mantener en reserva su identidad real. Según su testimonio, en 2016 era empleada de la Gobernación del Casanare y también formaba parte de una iglesia que organizaba campamentos para jóvenes en la región.
"Mis compañeros me pidieron que gestionara con el gobernador alguna ayuda para esas actividades, porque antes ya nos habían colaborado con carpas o recursos. Por eso le pedí a la persona que manejaba su agenda una cita y me la dio", relató Sandra durante su declaración.
El relato del presunto hecho
La mujer narró que acudió al séptimo piso del edificio de la Gobernación entre las 2 y las 3 de la tarde. Después de esperar mientras Barrera atendía a otras personas, fue recibida en el despacho del entonces mandatario.
"Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó", describió la denunciante con detalle.
Sandra explicó que, tras reclamarle al entonces gobernador, este se desplazó al otro lado de la oficina y le pidió que le explicara el motivo de su visita. "Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la Iglesia; él sacó una maleta y de ahí me dio 400.000 pesos", indicó. Según su testimonio, Barrera le dijo: "Tome, para los muchachos".
Una década de silencio
"Salí de esa oficina pálida, temblando, y lo primero que pensé fue: 'Esto no lo puede saber nadie'", sostuvo la mujer, quien explicó que el miedo a perder su empleo, a represalias del mandatario y a la reacción de su familia la llevaron a guardar silencio durante diez años completos.
Sandra señaló que esperó durante toda una década a que Barrera perdiera poder político para poder denunciar sin riesgos significativos. "Siempre me dije que debía esperar a que este señor perdiera su poder. Pensé que cuando terminara su periodo como gobernador eso iba a pasar y podría denunciar sin tanto miedo. Pero en diez años lo que ha hecho es escalar, a senador y otra vez senador. Yo no podía seguir callada", declaró con firmeza.
El proceso legal
En febrero de este año, acompañada de su familia, la mujer presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía Regional del Casanare. Semanas después, el caso fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, al ser este tribunal el juez natural de los congresistas según la legislación colombiana.
Sobre las pruebas disponibles, Sandra admitió que no cuenta con grabaciones del incidente, pues al ingresar al séptimo piso de la Gobernación les retiraban sistemáticamente los celulares a todos los visitantes. "Están mi testimonio y los videos de las cámaras o los testimonios de quienes trabajaron ahí. Esa fue la primera y última vez que yo entré al despacho del gobernador", manifestó la denunciante.
Consecuencias psicológicas
La mujer también describió las profundas consecuencias que este episodio ha tenido en su vida personal: "Cada vez que un hombre se me acerca entro en alerta y siento miedo. Yo nunca he recibido atención psicológica". Reveló que la decisión de denunciar la tomó, en parte importante, pensando en el futuro de su propia hija.
La defensa del senador
El equipo del senador Barrera fue notificado por la Corte Suprema sobre el proceso el 26 de marzo. Desde su defensa legal calificaron la denuncia como "una persecución de campaña en Casanare" y atribuyeron los señalamientos directamente a Jorge Enrique Ortiz, conocido políticamente como 'Segurito'.
"Lo más probable es que sea una persecución de campaña en Casanare [...] es una persecución de 'Segurito'. Estamos tranquilos porque sabemos que es para hacer bulla. Al senador lo van a seguir atacando por su cercanía a Paloma Valencia", comunicó oficialmente el equipo del congresista.
El equipo jurídico de Barrera precisó que "el proceso se encuentra en etapa inicial bajo la Ley 600. No hay acusación, no hay decisión de fondo y no existe definición de responsabilidad", y añadió con énfasis que "una denuncia por sí sola no constituye prueba" y que "a la fecha no existe evidencia objetiva conocida que corrobore los hechos mencionados".
Contexto político
Alirio Barrera es actualmente senador por el Centro Democrático, partido político que ha manifestado su apoyo al congresista durante este proceso. La investigación se desarrolla en un contexto electoral sensible, donde las acusaciones de persecución política han sido recurrentes por parte de diferentes sectores.
La Corte Suprema de Justicia deberá ahora determinar la procedencia de la denuncia y evaluar las pruebas presentadas, en un caso que ha generado amplia atención mediática y debate público sobre los mecanismos de justicia frente a cargos de esta naturaleza contra altos funcionarios del Estado.
