Corte Constitucional desmonta argumentos del Gobierno sobre emergencia económica
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha emitido una detallada justificación sobre su decisión de suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 1390, que declaraba el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia. Los magistrados no solo rechazaron la tesis gubernamental sobre una crisis fiscal imprevista, sino que expusieron lo que calificaron como un intento deliberado del Ejecutivo por evadir el control constitucional aprovechando las festividades de fin de año.
Falta de sustento en la declaratoria de emergencia
El alto tribunal desestimó completamente el argumento central presentado por el Gobierno, el cual justificaba la declaratoria excepcional en una coyuntura fiscal agravada por el archivo de los proyectos de ley de financiamiento para 2025 y 2026. Los magistrados fueron contundentes al afirmar que "no existe evidencia alguna que permita calificar como sobreviniente o extraordinaria" el rechazo legislativo a estas iniciativas.
La Corte explicó que este tipo de situaciones forman parte de las "vicisitudes propias de una forma de gobierno como la establecida en la Constitución de 1991", enmarcadas en el sistema democrático representativo y presidencialista colombiano. El tribunal advirtió que invocar el legítimo ejercicio de las facultades del Congreso como excusa para dictar una emergencia "equivale a vaciar de contenido la competencia legítima de este órgano constitucional".
Vulneración a la separación de poderes
La corporación judicial calificó la acción del Gobierno como una "afrenta contra el principio de separación de poderes y el principio democrático", argumentando que invade competencias celosamente resguardadas al legislativo. El auto subrayó que utilizar el estado de excepción para superar un desacuerdo político ordinario vulnera directamente la Carta Política, pues el presidente asume competencias ajenas a su cargo.
El efecto nocivo de esta suplantación impacta directamente el principio histórico de reserva tributaria, el cual establece que "no hay tributos sin representación". La Sala Plena justificó la urgencia de la medida cautelar de suspensión al evidenciar que las medidas impositivas anunciadas generarían un daño institucional irremediable para el país.
Intento de eludir el control constitucional
Sumado a la usurpación de funciones, el máximo tribunal expuso una crítica severa a los tiempos elegidos por el primer mandatario para expedir la medida excepcional. La Corte enfatizó que el Decreto 1390 se firmó el 22 de diciembre de 2025, es decir, al "primer día hábil siguiente de inicio de la vacancia judicial".
Los magistrados revelaron que en esa época el Ejecutivo pretendía "eludir momentáneamente el control constitucional a cargo de la Corte, ante la imposibilidad jurídica de que este Tribunal estuviese funcionando", al encontrarse todos sus servidores públicos en el periodo legal de descanso colectivo obligatorio.
Consecuencias para los ciudadanos
El tribunal detalló que imponer tributos indirectos a la población implicaría que la carga económica "suele trasladarse al consumidor final". Frente a esto, la Corte advirtió que una eventual declaratoria de inexequibilidad con efectos retroactivos meses después "no permitiría resarcir a quienes efectivamente soportaron el costo del impuesto", pues la identificación de cada comprador resultaría potencialmente inviable, haciendo imposible la devolución de los dineros.
La corporación concluyó que la autohabilitación para decretar tributos finalizando el año evidenció, a primera vista, "la intención de diferir el pronunciamiento de la Corte y, en esa medida, contraer la eficacia del control constitucional".
Configuración de un escenario peligroso
Así las cosas, la Corte consideró que declarar la emergencia más de diez días después del archivo del proyecto de ley, justo al iniciar las vacaciones de los jueces y en época de campañas electorales, configuró "un escenario de elusión del control de constitucionalidad intensa que desafía el sistema de frenos y contrapesos esencial para la democracia, y la sujeción del ejecutivo al Estado de Derecho".
Esta decisión marca un precedente significativo en la relación entre los poderes del Estado colombiano y refuerza el papel de la Corte Constitucional como garante último del equilibrio institucional y los derechos de los ciudadanos frente a posibles excesos del Ejecutivo.
